Al banquillo de los acusados y con una petición aprobada por el CAL, le han de sentar a la Fiscal General del Estado en un tiempo no muy lejano, y no como se había dicho en otro momento que los tiempos de la Asamblea no iban a alcanzar para juzgarla, pues hemos visto como en estas horas se han ido desechando y postergando peticiones anteriores de enjuiciamiento político. Y claro, con el solo anuncio del juicio político se abrió el abanico de opiniones de todo calibre, incluyendo aquellas relacionadas con la decisión del CAL, porque con las redes sociales todos somos jueces y políticos.
El juicio político para unos está siendo considerado como una revancha en nombre de quienes fueron acusados por ella, y para otros es necesario que responda a las acusaciones que existen en su contra ante el órgano competente para fiscalizar sus actuaciones, porque debe quedar en claro que el juicio político no es otra cosa que el ejercicio de una de las facultades que tiene el asambleísta ecuatoriano como es la de fiscalizar, pues vale recordar que no existe funcionario público exento de responsabilidad, y como dice la abuela de la casa, no cabe aquello de que “Cúmplase la ley de Dios, pero en los bueyes de mi compadre.”.
El término "revancha" sugiere motivaciones políticas o personales detrás del proceso, mientras que "necesario" implica la existencia de razones legítimas que justifican el juicio político. En el contexto específico de Ecuador, el juicio político a la Fiscal General del Estado puede ser interpretado como revancha política, ya que algunos sectores consideran que es una maniobra política impulsada por intereses particulares o grupos que buscan desestabilizar o debilitar a ciertas figuras, sin tener argumentos sólidos o razones ciertas. De otro lado, se habla de una necesidad legítima, para quienes argumentan que existen motivos válidos que justifican el juicio político, como presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, falta de transparencia, negligencia en la aplicación de la ley o vínculos cuestionables que podrían comprometer su imparcialidad. En fin, eso se lo sabrá cuando se desarrolle el juicio político y no con el solo anuncio de que será llevada al banquillo de los acusados.
Determinar si el juicio político es una "revancha" o una medida "necesaria" puede ser complejo y depende en gran medida de la evidencia presentada, la transparencia del proceso y la imparcialidad de quienes lo llevan a cabo y de los que van a juzgar en donde los votos producto de los acuerdos pesan más que las pruebas mismas. Es esencial que el juicio político se base en fundamentos sólidos y no sea utilizado como una herramienta para intereses partidistas. El escrutinio a los funcionarios públicos es importante para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en una democracia.
No es sensato poner las manos al fuego por nadie, dice la sabiduría popular. Sin embargo, luego de haber visto pasar por ese cargo a varias personas, desde hace cuarenta años, tengo la obligación moral y ética de recordar al Dr. Edmundo Durán Diaz, el primer Fiscal General del Estado en el proceso de retorno a la democracia, cuando se llamaba Ministerio Público, quien se caracterizó por su templanza, conocimiento y sobre todo defensor de los derechos humanos, y eso que no estábamos en un estado constitucional de derechos y justicia del que se jactan jueces y fiscales en sus resoluciones cuando en veces sus decisiones se apartan de ese principio.
