En abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada en 1959, con sede en la ciudad de Washington.

Institución que fue fundada como consecuencia de la Guerra Fría, ha tenido numerosas actuaciones que han evidenciado “dedicatorias”  contra los gobiernos progresistas de la región.

La Corte IDH fue creada el 18 de julio de 1978, como resultado de los acuerdos alcanzados en San José (Costa Rica).  

La CIDH y la Corte IDH se quedaron estacionadas en el tiempo. Hoy son instituciones anacrónicas que, en concordancia con los lineamientos de Washington, sirven para ejecutar acciones de hostigamiento y para imponer sanciones a los gobiernos que no son de su agrado. Después de todo, la sede está en los EE.UU., y los fondos también los asigna el “Tío Sam”.

Es un círculo vicioso en el que varios “personajes” rotan periódicamente: de directivos de ONG a funcionarios de la CIDH y viceversa. Para completar el esquema, el país sede no es suscriptor del Pacto de San José.

He aquí algunas “perlas”: La CIDH nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza en Nicaragua, pero sí condenó a la Revolución Sandinista. Cuando el presidente Chávez en abril de 2002 fue secuestrado por golpistas neoliberales, la CIDH guardó silencio. Cuando el presidente en funciones Manuel Zelaya fue secuestrado y expulsado de Honduras por la derecha golpista, guardó un silencio cómplice. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y tiroteado por golpistas, la CIDH tampoco se pronunció…

Tal parece que si los derechos humanos son violados por empresarios, terratenientes, políticos neoliberales, banqueros o empresas transnacionales, se cruzan cómodamente de brazos.     

Por ello, es histórica la reunión de Guayaquil en la que el presidente Correa propuso modificaciones fundamentales que apuntan al cambio institucional de la CIDH y de la Corte IDH, para que se ajusten al cambio de época que viven América del Sur y el Caribe. El trabajo político y diplomático de nuestra Cancillería será muy importante en la búsqueda de consensos que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Serán acciones descolonizadoras de gran importancia geopolítica.

Es hora de que la Unasur y la Celac tengan sus propias instituciones que se ocupen de los derechos humanos, desde la perspectiva política y cultural de nuestros pueblos. De lo que se trata es de garantizar y vigilar el cabal cumplimiento de los derechos humanos con organismos propios, y no con una burocracia internacional que pretende mantener el neocolonialismo bajo la batuta de Washington.

Las instituciones descolonizadas permitirán a nuestras naciones recuperar la soberanía política y jurídica, sin la intervención de medievales tribunales de la Inquisición.