Resulta indudable que el Estado, en su estructura institucional, ha avanzado mucho en la última década. Sin embargo, al menos en lo que se refiere a transparencia, control social y lucha contra la corrupción, el momento de su evaluación ha llegado. De una visión rápida y escuchando a ciertos actores, tanto del sector público como de la ciudadanía, el panorama no luce muy alentador que digamos.

En efecto, tenemos una Fiscalía carente de recursos humanos, técnicos y legales que genera una mora procesal de aproximadamente el 35% de los expedientes a su cargo. Siendo dueña de la acción penal, la investigación que la sustenta depende de terceros, tanto en lo que se refiere a la Policía Judicial como a los peritos que se requieren para judicializar indicios técnicos y, finalmente, carente de recursos legales, con plazos de instrucción fiscal estrechos y sin posibilidad de ampliarlos excepcionalmente, a pesar de las complejidades del caso. Tampoco cuenta con incentivos de importancia para los delatores, como por ejemplo inmunidad, lo que permitiría descifrar conductas delincuenciales de alta complejidad y sigilo.

Por otro lado, el tema de las compras públicas es un escenario más tenebroso aún. Con una plataforma tecnológica de alto calibre, pero con leyes y regulaciones que ameritan revisiones urgentes. Procesos especiales insuficientemente regulados y vigilados; falta de transparencia en la información; contratos complementarios y reformas a lo adjudicado carentes de un control eficaz; fiscalizaciones inexistentes y sin responsabilidad final; registro de proveedores débiles y sin requisitos o certificaciones efectivas. Si algo necesita una intervención de alta cirugía es este tema.

Un Consejo encargado de la participación ciudadana, transparencia, control social y lucha contra la corrupción, ¿que más? en lo enunciado está todo, todo lo que el país viene esperando que se cumpla. La rendición de cuentas, cuando se cumple, es en un evento que reúne a los funcionarios allegados al rindente, sin exigencias, seguimiento y peor cuestionamiento.

El control sobre la transparencia en la información pública es frágil, sin acciones o recursos que la impongan. La participación ciudadana se ha estatizado, se dirige y organiza desde la misma estructura y no refleja a la sociedad organizada ni sus múltiples reclamos. Finalmente, en la lucha contra la corrupción qué se puede decir. Los hechos evidencian la respuesta. Si a lo dicho le sumamos que en aras de la participación ciudadana y por control social, este Consejo designa, organiza y supervisa la elección de los titulares de las autoridades y órganos de control del país, pues sus acciones u omisiones han sido y son fundamentales en los temas aquí tratados.

Y como corolario, una Función de Transparencia integrada por los órganos de control del Estado, pero que su titular sale de su mismo entorno. Entonces, la pregunta es: ¿quién controla a los controladores? Y la respuesta es: la Asamblea Nacional, como su juez natural y a través de sus respectivas Comisiones; sin embargo, es una tarea que, si fue cumplida, se encuentra totalmente invisibilizada. Esta Función tiene un problema de articulación muy grave y debe ser reinventada. (O)