Para poder iniciar la construcción de una paz con justicia social en Colombia, es urgente llegar a un convenio, sin más demoras, sobre las enmiendas propuestas por la oposición a los acuerdos con las FARC en La Habana, sin que implique un nuevo acuerdo, como quieren los enemigos de la paz. La dejación de las armas es ya un logro inmensamente positivo con el que culmina el primer tramo del proceso.
Se inicia el siguiente, igualmente importante, si no más, con la instalación de la mesa de diálogos con el ELN, que se fundamentará en la participación central del pueblo y permitirá seguir ampliando el consenso sobre los requisitos para una paz inclusiva, con el Bien Común en mente.
De acuciante importancia implementar el primer acuerdo con las FARC: ‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral-RRI-(pp.8-29)’, objetado por quienes ven erróneamente una amenaza a la propiedad privada, ignorando su función social.
La opción preferencial de los acuerdos fue por el campo, que tanto sufrió durante el conflicto, pero no se recurrió al concepto tradicional de Reforma Agraria, que tal como se pretendió aplicar (leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y 160 de 1994) no logró procesos de transformación estructural, sino acomodos coyunturales.
Uno de los cuatro pilares de la RRI es distribuir tierra a los campesinos sin tierra, pero facilitando lo que se requiere para que sea productiva: semillas de calidad, riego, crédito, asistencia técnica, protección social, asociatividad, facilidades de comercialización, y demás elementos de un enfoque integral, como reconocer el papel que la agricultura familiar cumple en el desarrollo del campo, la perspectiva de género, la de las capacidades especiales.
Para su cumplimiento, se creará con carácter permanente el Fondo de Tierras, proveniente de la extinción de dominio a favor de la nación; baldíos indebidamente apropiados u ocupados; tierras provenientes de la Reserva Forestal; tierras inexplotadas, recuperadas por extinción administrativa legal; tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, con la correspondiente indemnización y tierras procedentes de donaciones.
En la página 14 se mencionan algunos mecanismos de resolución de conflictos para contribuir en la “regularización y protección de los derechos de propiedad.”
Se comienza resarciendo a los desplazados ilegalmente de 7,3 millones de hectáreas, aunque con pocas tierras disponibles inicialmente de los 94,6 millones de hectáreas de que consta el catastro rural, si bien la RRI implica también numerosos planes nacionales en todo el campo rural para erradicar la pobreza proveyendo infraestructura, desarrollo social y estímulos a la agricultura familiar que contribuyan a dinamizar la economía rural.
Desde ya se debería estar socializando la reglamentación y modus operandi para la aplicación de una RRI, en sus debidas dimensiones. Si se cumple lo prometido, será de gran trascendencia en beneficio de la soberanía alimentaria, sobre todo ante la avalancha de las trasnacionales, que ponen en peligro la agricultura campesina. (O)