Lunes, 10 Junio 2013 00:00 Columnistas

Protección a los niños adoptables

Alfredo Vera

En este cambio de época involucrado al proceso que vive nuestro país, a raíz del surgimiento de la Revolución Ciudadana, cuyo objetivo es la conquista de una sociedad adaptada al “Buen Vivir”, el Estado tiene que reforzar su protección a los niños que pueden ser susceptibles de adopción.

La adopción puede convertirse, tarde o temprano, en una tragedia para el individuo si no encuentra por suerte una familia que acierte en su crianza. Y si se lo llevan al exterior es el país quien lo entrega al albur y a la incertidumbre del destino de ese hijo de la Patria, que el Estado no debe ni puede festinar.

Los niños adoptables son víctimas de una de las múltiples circunstancias que lo pueden haber llevado a esa posibilidad: ¡pero ellos son inocentes!

La gran mayoría (por no decir la totalidad) ni siquiera puede opinar, menos calificar a sus futuros padres, lo que no sucede con el privilegio de los adoptantes.

Los grupos gays y lesbianas han conformado una integración a nivel internacional para luchar juntos por sus derechos (LGTB), sin exceptuar al Ecuador donde algunos están promoviendo injustamente un conflicto que no puede ser soslayado.

A estos grupos la Constitución de 1998 les reconoció sus derechos legales sobre los bienes materiales en sus uniones de hecho, igual como si fueran de parejas hombre-mujer. Y la actual constitución determina taxativamente que el matrimonio es entre hombre y mujer.

Todos los ecuatorianos tienen el derecho y privilegio de escoger su vida sexual, sin responder ante nadie, pero tampoco nadie, bajo ningún pretexto, tiene derecho a la más mínima perturbación a la vida de un tercero, con mayor razón si se trata de un niño o una niña que llegue a ser adoptado por una pareja que no es matrimoniada por impedimento constitucional.

Muy bien ha dicho el presidente Correa, con respaldo constitucional, legal, ético y moral, que mientras ejerza esa función vetará todo intento de trastocar el derecho de los niños adoptables a ser protegidos con padre y madre adoptivos por una pareja matrimoniable.

Y que no vengan los aprovechadores a argumentar que en esto hay un trasfondo ideológico o político: mientras mayor espíritu revolucionario e izquierdista tenga el análisis, mayor deberá ser la firmeza con que se preserve la obligación del Estado de defender el futuro de sus niños y protegerlos en su naturaleza.

Por algo será que entre las comunidades indígenas, ancestrales y aborígenes de nuestro país, que fundamentan su mundo en la naturaleza, casi no existen gays ni lesbianas.

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