De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, en Ecuador están inscritas 168 organizaciones políticas, aunque solo son 7 los partidos de carácter nacional y 9 los movimientos igualmente nacionales. Hay 54 movimientos provinciales, 84 cantonales y 14 parroquiales, pero solo 70 organizaciones han sido habilitadas para presentar candidatos para las elecciones de febrero 2017.
En 1979, cuando se inició la democracia contemporánea, hubo 17 partidos y tanto la Constitución como la primera Ley de Partidos procuraron evitar el multipartidismo, el caudillismo y las empresas electorales.
Con el paso de las décadas el sistema de partidos se modificó. Y hasta 2006, si bien subsistía el multipartidismo, todas las agrupaciones políticas estaban en crisis y en desprestigio, sin excluir en ello a una serie de fuerzas de las izquierdas tradicionales, que se anclaron al triunfo de la Revolución Ciudadana (RC) en 2007, bajo cuyo manto subsistieron, hasta el momento de su ruptura con el Gobierno.
Si se acude a la memoria histórica, no es cierto, por tanto, que a partir de 2007 los partidos fueron ‘liquidados’, como suele afirmarse. El exuberante multipartidismo actual tampoco puede caracterizarse como ideológico ni programático y se debe a una legislación permisiva, que históricamente contradice el intento por lograr partidos nacionales fuertes, que fue el ideal al que aspiró el país en 1979.
Hoy existe una variada muestra de ‘partidos’ y ‘movimientos’ que expresan ambiciones simplemente personales, caciquismos locales y regionales, clubes electorales, empresas políticas y también ‘partidos’. Sin embargo, predominan viejas fuerzas políticas (algunas reencauchadas con nuevos nombres) y reviven figuras de la ‘partidocracia’, incluso entre las izquierdas y movimientos sociales tradicionales.
Eso demuestra que en una década no logró surgir en Ecuador un nuevo sistema de partidos políticos capaz de responder a las nuevas realidades e institucionalidades. Y en tales circunstancias tampoco las fuerzas existentes son capaces de ofrecer un camino nuevo de modernización y avance, para las condiciones históricas que demanda el mundo contemporáneo y el futuro de América Latina.
Que entre los partidos se privilegie la consigna de acabar con el ‘correísmo’ no demuestra intenciones de progreso y desarrollo sobre lo ya logrado. Arrasar con la institucionalidad existente es, para los partidos de la derecha, revivir el modelo económico empresarial y por ello sus énfasis apuntan contra el ‘estatismo’, los impuestos y a favor de la ‘flexibilidad laboral’ para retornar al país ‘competitivo’. Son las mismas consignas que las élites del poder económico han manejado en forma recurrente desde la época de la Revolución Juliana (1925).
Desde las izquierdas y movimientos sociales tradicionales tampoco se ha generado la alternativa revolucionaria que permita superar los límites, contradicciones y vacíos que encuentran en la RC. Para Alianza PAIS el desafío electoral es mayor para el Legislativo, a donde apuntan todas las fuerzas incapaces de obtener éxito electoral para el Ejecutivo. (O)
