La ley del embudo es la que perpetúa la desigualdad, la que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Se conoce que a finales de 1974 Arthur Laffer, entonces profesor de la Universidad de Chicago, reunido con Judde Wanninski, editor asociado del Wall Street Journal, y dos funcionarios del gobierno de Gerald Ford (Donald Rumsfeld y Dick Cheney), discutían cómo reducir la inflación. Estos últimos querían subir los impuestos y Laffer dibujó su curva afirmando que “existen siempre dos alícuotas impositivas que producen el mismo ingreso público”.
Se trata, en otras palabras, de una curva en forma de campana, una U- invertida. La curva de Laffer muestra que si se parte de una tasa impositiva baja y se incrementa la tasa de impuestos, suben las recaudaciones; pero si la tasa ya es alta y se incrementa más, las recaudaciones bajan. La lógica es que si las utilidades van ser retenidas, se prefiere no trabajar.
El gobierno de Ford no usó este argumento; fue Ronald Reagan quien lo aprovechó para iniciar el desmantelamiento de la economía pública norteamericana, en especial reduciendo el gasto en educación y en salud pública, para priorizar el gasto en armamento. Ha sido uno de los más usados recursos retóricos del neoliberalismo para reducir el Estado y facilitar el avance de las grandes corporaciones (recordemos que desde 1992 buena parte de las operaciones armadas de EE.UU. en Medio Oriente están a cargo de contratistas privados).
En realidad, lo que representa la curva de Laffer es la variación (o “elasticidad”) de los ingresos públicos ante variaciones en los tipos impositivos y que existe un tipo impositivo óptimo en términos de ingresos públicos. “Elasticidad” es un concepto microeconómico que requiere ser medido en forma concreta, en cada caso. En consecuencia, presentado como está el argumento de las cámaras (me refiero al documento “Consenso Ecuador: 11 propuestas para el debate”, Cámara de Comercio de Quito, 2016), solo es retórica política, si no se acompaña de una medición empírica de las elasticidades fiscales de la economía ecuatoriana.
El documento contiene afirmaciones que no soportan la evidencia empírica (“elevada presión fiscal”). Suficiente con contrastarlas con las cifras de presión tributaria publicadas por la CEPAL (ver Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016). Los datos indican que el país está muy cerca de la media latinoamericana, y América Latina muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Los políticos neoliberales de todos los países siempre han argumentado que altas tasas impositivas provocan impactos económicos nocivos (y si no veamos las propuestas de Trump en Estados Unidos), para justificar reducciones sistemáticas de los impuestos directos y mantener tasas elevadas de impuestos indirectos. Es decir, para promover escenarios tributarios proclives a la concentración del capital y al empobrecimiento de las mayorías.
Este argumento ya fue empleado en el Ecuador, al inicio de la década de los 90, como parte de la reforma tributaria neoliberal iniciada durante el gobierno de Borja y continuada por el gobierno conservador de Durán Ballén. Esa reforma, más la inflación galopante de esa década, provocó una segunda década perdida en la economía ecuatoriana, y profundas desigualdades sociales que en 2000 retrotrajeron el desarrollo del país a la situación de 1980, según confirman los indicadores sociales
Así mismo, es una grave confusión del escrito (página 61) equiparar los ingresos petroleros a los ingresos tributarios. Los primeros son recursos para financiar inversión pública, es decir recursos para convertir el “capital natural” del país, en capital social y económico (carreteras, escuelas, hospitales, etc.). En la página 62, todas las cifras que sirven de argumento del “crecimiento desproporcional en el cobro de impuestos” se presentan en valores nominales absolutos. Es necesario recalcular todas esas cifras en valores reales (deflactados por el deflactor implícito del PIB de las Cuentas Nacionales), y además presentarlas en términos relativos, como porcentaje del PIB.
Hacen bien las cámaras en presentar un documento para la discusión nacional, más aún cuando el debate económico es escaso, repleto de prejuicios y lugares comunes. Ahora bien, las cámaras que endosan propuestas, como la de Laffer, tienen una visión minimalista del Estado, la misma que tenían los políticos del país en la década final del siglo XX, que llevó a la crisis económico-financiera más fuerte en la historia económica del Ecuador. Las cámaras quieren que el Estado se reduzca a educación, salud y vialidad. Esto es un absurdo en Ecuador y en cualquier país del mundo. Quieren retornar al modelo neoliberal que nos llevó a la crisis bancaria. (O)
