Ni en la Defensoría del Pueblo, ni en la Asociación de Mujeres Abogadas, ni en la Defensoría Pública ni en el Consultorio Jurídico de la PUCE pudieron resolver el problema. Dejo constancia de que en estas instituciones la atención fue excelente y razonada su negativa, especialmente de parte del coordinador general de los Consultorios Jurídicos gratuitos de la PUCE, doctor Jorge Cevallos Dillon, quien nos atendió gentilmente, examinó personalmente los documentos presentados y dejó la puerta abierta para cualquier consulta adicional.

El caso es el siguiente, y me he implicado en él, empeñado en fomentar la cultura solidaria del reciclaje, fundamentalmente para colaborar en la humanización del arduo y precario trabajo de las y los trabajadores independientes del reciclaje, que requiere tender una mano solidaria a esos seres humanos poco reconocidos e ignorados.

Lo estoy tratando de hacer con una anciana y una de sus hijas que sufre de cáncer, quienes trabajan en la calle del sector donde vivo, como lo he mencionado en otra oportunidad.  

Además de su precaria situación económica, a la anciana se le sigue un juicio ordinario por el terreno donde vive con su familia, en una mediagua, en la periferia de Quito, junto a los tanques de la EMAP. La señora recicladora, viuda de 67 años, al casarse en 1970, fue a vivir en el terreno que su marido tenía, hoy reclamado por ocho personas que se dicen herederos, si bien la jurisprudencia la ampara por posesión y tenencia material de forma lícita, pacífica, pública, notoria, ininterrumpida, sin violencia, por  más de 46 años.

Un abogado ofreció su defensa, exigiendo la mitad del terreno si gana el juicio, lo que la anciana tuvo que aceptar por no tener otra opción, pero no quedó especificado por  escrito cuál parte del terreno se llevará el abusivo abogado.  

Un juez dictaminó en contra; el abogado ha apelado. Aquí fue cuando ofrecí mi ayuda llevándolas a las instituciones mencionadas, que dieron su negativa, porque se espera el resultado de la apelación. Últimamente me he enterado de que se descubrió en el SRI que se ha falsificado la firma de la anciana recicladora.

A propósito del título de este artículo, una señora ha ofrecido conseguir un arquitecto que mejore la mediagua en la que viven, una vez que obtengan el documento oficial que  defina su propiedad. Hay otros campos para la ayuda.

Otro de los problemas que afrontan es la inscripción en el IESS como recicladoras, proyecto que contempla el Instituto a pedido del señor presidente Correa, quien en 2015 se reunió con representantes de los recicladores y fue ese uno de sus ofrecimientos.

A sabiendas de que esto requiere un complejo estudio actuarial y un subsidio del Gobierno, en marzo pasado acompañé al IESS a la anciana y a su hija para que, entre tanto, se inscribieran como amas de casa, lo que al escribir estas líneas está todavía en espera. El sistema electrónico ha fallado repetidamente y se han llenado dos veces los formularios, sin que al mes siguiente aparezcan las planillas para poder pagar la inscripción. Algo kafkiano. (O)