En época de elecciones, los candidatos convierten la arena política en un mercadillo de ofertas que adolecen de practicidad y solidez teórica, como si el futuro de Ecuador se pudiera poner a la venta. Algunos de los candidatos abanderan el tema de la inseguridad como maniobra política para lucir como paladines de la lucha contra el crimen. Guillermo Lasso, por ejemplo, plantea “modernizar las leyes” para permitir que los campesinos puedan portar armas en el campo. Por otro lado, Cynthia Viteri promete incrementar las penas por narcotráfico, testaferrismo, sicariato, asesinato, violación, entre otros delitos. Pero la propuesta más polémica es la de Iván Espinel, candidato por Fuerza Compromiso Social, quien propone la implementación de la pena de muerte en Ecuador, al estilo de Abdalá Bucaram, cuando en su momento abogó por la pena capital y castración para violadores.
Y es que en tiempos de campaña se observa un manejo populista del derecho penal para lidiar con la inseguridad ciudadana. Los actores políticos pretenden satisfacer el clamor popular con propuestas como las arriba mencionadas. La pena de muerte planteada por Espinel es una expresión de este populismo, donde la inseguridad se convierte en el lema de campaña electoral, cuyo único fin es maximizar el impacto mediático.
Estas promesas no guardan una relación sobre las causas delincuenciales. La implementación de la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio; los pederastas y asesinos no violan y matan menos frente a la amenaza de una sentencia inclemente. Más allá del titular de prensa y los 15 minutos de fama que genera abogar por la pena de muerte, el candidato debería comprender que esta constituye una negación del derecho a la vida del sentenciado. Debería reflexionar el efecto irreversible de esta pena y en el riesgo que se corre de ejecutar a un inocente, especialmente en sistemas judiciales como el ecuatoriano, en donde incluso se la podría utilizar como arma política contra detractores. Y no hablemos de todas las normas internacionales vinculantes que prohíben expresamente la pena de muerte, incluyendo la Constitución de Ecuador, que garantiza la inviolabilidad de la vida de las personas y reza textualmente: “No habrá pena de muerte”.
Intentar poner el tema sobre la mesa de discusión representa un retroceso en materia de derechos humanos. No tiene sentido seguir el ejemplo de los poquísimos países que aún siguen aplicándola. Los candidatos no deberían prometer implicar al Gobierno en el asesinato de sus ciudadanos para satisfacer un clamor de seguridad, puesto que la delincuencia no es resultado de la falta del marco legal. La inseguridad subyace, entre muchas otras cosas, en la falla del sistema que descansa sobre tres pilares: Policía, administración de justicia y administración penitenciaria.
La pena de muerte fue el punchline que puso a Espinel en el mapa electoral. Espinel ya tuvo sus 15 minutos de fama. Ni una palabra más sobre esto. Exijamos candidatos sensatos, con ideas originales que tengan sustancia y que no se desesperen por aparecer en los titulares de prensa. (O)
Alicia Mantilla y René Betancourt
