El poder público constituye la capacidad jurídica legítima que tienen las funciones del Estado para ejercer en forma eficaz e independiente las acciones y cometidos conferidos por la Constitución. A la Función Judicial le corresponde administrar justicia de manera independiente y autónoma.
En sentido abstracto, entendemos poder como la facultad de mandar y ser obedecido, y público, como actividad del Estado. Poder público, entonces, es la capacidad que tiene el Estado para exigir obediencia a todos los destinatarios de sus normas; y, dentro del Estado constitucional de derechos y justicia que nos rige, la Función Judicial, en su actividad jurisdiccional, está sometida -además- a su autonomía, elemento del marco institucional adecuado para que pueda ejercer su independencia, asegurando así que todo ciudadano en conflicto con la ley sea juzgado obedeciendo a la justicia a la razón y al derecho.
El poder público, decía José Joaquín de Olmedo, no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede, es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que conlleva grandes y terribles obligaciones; todo ciudadano investido de poder no tiene más derecho ni prerrogativa que las de tener mayores facultades para hacer el bien y la de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes. ¿Y qué implica marchar por la estrecha senda de las leyes?
A decir de José Ingenieros: la justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho...; las leyes pueden ser injustas, pero lo justo es siempre moral. Acatar la ley es un acto de disciplina, pero a veces implica una inmoralidad. Respetar la justicia es un deber del hombre digno, aunque para ello tenga que elevarse sobre las imperfecciones de la ley.
Las grandes transformaciones políticas y sociales se originan creando primero una polémica sobre la validez de los principios vigentes, negándolos a veces de manera rotunda, para luego exigir nuevas normas de convivencia, las que, una vez logradas -por haber calado en la convicción de la mayoría-, se convierten en la nueva savia que da a la moral y al derecho vitalidad, robustece a la sociedad y la impulsa a la nueva era, superando la crisis de la aparente decadencia.
La actual realidad política nacional tiene una sola respuesta: respetar la independencia judicial. Sin independencia judicial, no es posible la libertad del juez; sin esta libertad, al juez le es imposible ser imparcial; sin imparcialidad, imposible el debido proceso judicial; sin el debido proceso judicial, no hay seguridad jurídica ni garantía alguna para acceder a la justicia; sin acceso masivo del pueblo a la justicia, no podemos hablar de la vigencia del Estado Constitucional, y menos aún de derechos y justicia.
Este Estado Constitucional, que es el mismo Estado de Derecho, fortalecido por principios, derechos y garantías constitucionalmente establecidos, solo es posible afianzarlo con jueces honestos, capaces e imparciales, capacitándolos, preparándolos para fortalecerlos ética, moral y profesionalmente, solo así no habrá fuerza alguna que pueda socavar la independencia judicial, interna y externa.
Hay mucho por hacer para que la sociedad vuelva a tener plena confianza y credibilidad en la Función Judicial, pero respetar su independencia, como presupuesto de un auténtico sistema democrático, debe ser el principal objetivo a conseguir, con trabajo y honestidad. En esta tarea, ningún ecuatoriano puede fallar.
Kléber Araujo Morocho
C.C. 070120626-0
