Las derechas en nuestro subcontinente, muy a menudo corruptas, han hecho de la denuncia de supuesta corrupción en los gobiernos populares una de sus históricas estrategias de legitimación. La sempiterna actitud desestabilizante de esas derechas hacia los gobiernos que mejoran la condición de los más pobres busca justificarse en la corrupción, real o ficticia, que puedan achacar a los gobiernos que ellos repudian.
Cuando tal corrupción existe en gobiernos populares, suele ser mucho menor que la de los gobiernos al servicio del stablishment y las multinacionales. Hoy es visible esta situación para el caso argentino. Mientras el Gobierno enfrenta a los ‘fondos buitre’ habiendo logrado una extraordinaria solidaridad internacional, buena parte de la oposición está dedicada a denunciar la corrupción que adscribe al vicepresidente Boudou. Tal presunta corrupción ha sido ventilada mediáticamente y así tomada por cierta por una parte de la opinión pública, si bien esto ocurrió aun antes de que Boudou fuera procesado; y de que lo fuera luego por un juez de cuya imparcialidad hay claras razones para desconfiar (ese juez, de apellido Lijo, apareció hace días en un acto en la embajada de los Estados Unidos, adonde charló amigablemente con directivos del grupo mediático y empresarial Clarín, reconocido por su ultraoposición al actual Gobierno).
Lo cierto es que, para la ley argentina, un ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, de modo que tratar al vicepresidente como si no fuera inocente es burlarse de la ley. La asimetría en el trato con casos análogos, por parte de los medios hegemónicos argentinos, es monumental. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el derechista Macri, está procesado desde mucho antes que Boudou. Sin embargo, muy poca gente lo sabe, pues los medios hegemónicos han decidido protegerlo a toda costa. Lo mismo han hecho para con el recordado ex-ministro Cavallo, responsable de los principales desaguisados financieros de la Argentina en tiempos neoliberales, como el aumento de deuda que hoy lleva a la presión de los ‘fondos buitre’. Cavallo está siendo procesado, lo cual es ocultado por los principales medios y cadenas de información. El espacio dedicado a su caso no ha de ser ni el 10% del que se dedica a atacar a Boudou, siendo este último solo una forma de agredir al Gobierno en su conjunto.
Un sector de los críticos formó parte del menemismo, ese fenómeno donde la corrupción fue estructural y desbordaba por todos lados. Muchos de los periodistas que hoy se ufanan de ser críticos con el Gobierno y que gustan llamar ‘independiente’ a su postura opositora de derechas, eran condescendientes con ese gobierno reaccionario, y tenían con él mucha mejor relación que con el actual. La corrupción de entonces, ferozmente superior a la que en cualquier otra época se haya visto, no los incomodaba demasiado.
Ni hablar del partido radical (el nombre le quedó de viejas épocas), que dejó 35 muertos por represión en un solo día, el último de su gobierno en 2001, sin que ninguno de sus miembros haya pagado judicialmente por ello. Gobierno que aumentó la deuda externa en 40.000 millones de dólares en apenas año y medio, y que ha sido acusado de sobornar casi a la totalidad de los legisladores nacionales de la época, para sacar adelante una ley laboral que el sindicalismo rechazaba. Corrupción, la hubo mucho más cuando gobernaban los que hoy fingen ofenderse por el actual Gobierno. Y además hubo en esos gobiernos anteriores impericia y entrega del patrimonio nacional al capitalismo internacional, aspectos no presentes en el Gobierno actual.
No es casual lo que hoy pasa: la dictadura criminal de Videla abrió camino a legitimar su autoritarismo en la pretendida o real corrupción del anterior gobierno de Isabel Perón. Al margen de que hubiera algunos casos reales, la dictadura fue mucho peor. Lo fue en cuanto a corrupción, y en cuanto a cualesquiera otros aspectos institucionales. En el presente, como puede advertirse, las derechas argentinas parecen estar repitiendo un añejo libreto.
