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El Telégrafo
Roberto Follari (*)

Usos políticos de la muerte

18 de marzo de 2016 - 00:00

De Mendoza, Argentina, eran provenientes María José Coni y Marina Menegazzo, las jóvenes brutalmente asesinadas hace algunas semanas en el poblado de Montañita. Sitio al que concurren muchos argentinos adolescentes y adultos iniciales, dada la belleza del lugar, los precios accesibles y las facilidades para una diversión propia de la edad.

Torpe ha sido la reacción, incluso en la Argentina misma, de quienes pretendieron cupabilizar a las víctimas por la agresión letal que sufrieron. Es cierto que hay lugares más peligrosos que otros, pero también lo es que se puede ser atacado en lugares aparentemente seguros, y que muchísimos jóvenes han acudido a Montañita durante años, sin sufrir el menor inconveniente. También torpe ha sido la reacción opuesta/simétrica, coincidente en pretender que habría una denegación de justicia en el caso, la que por ahora nadie ha podido demostrar. Es comprensible de parte de los padres -con el inenarrable dolor ante la muerte, además producida por un crimen tan violento- que hubiera sospechas, incluso la de que los cuerpos no fueran los de sus hijas. Ya se demostró que sí lo son, para lamento de sus seres queridos. Pero menos comprensible es la reacción de quienes no conocen nada de la cultura ecuatoriana y menos de sus condiciones políticas, y se lanzaron a vociferar desde Argentina pedidos de justicia, como si hubiera sido impedida, desviada o negada.

En el país rioplatense se ha vuelto casi costumbre echar culpas masivas a los gobiernos, incluso por situaciones trágicas donde es clara una parte de responsabilidad propia de los que finalmente fueron víctimas: ello fue muy evidente cuando el incendio del boliche Cromañón, en 2004. Padres de los jóvenes que murieron horriblemente allí, increpaban con insultos a funcionarios que muy remotamente tenían que ver con la cuestión; mientras ellos, como padres, ni idea tenían -en algunos casos- de dónde estaban sus hijos, si nos remitimos al momento mismo en que sucedió la tragedia. No importa: el mito “sociedad civil buena y transparente, versus políticos perversos y corruptos” funcionó, y debió renunciar el alcalde de la ciudad, mientras los parientes de las víctimas blandían un dedo acusador y admonitorio que los excusaba a ellos por completo.

No es igual este caso, pues aquí no hay ninguna responsabilidad en los hechos denunciados, de parte de quienes marcharon en Mendoza o Buenos Aires por las dos jóvenes; pero sí se repite la presunción de que “acá hay algo raro”, hecha desde 4.000 km de distancia, sin ninguna idea precisa de cuál es la situación. Peritos argentinos viajaron a Ecuador para tomar huellas y pruebas. Como dijo sensatamente el nuevo embajador de esa nacionalidad en Ecuador, difícil que los argentinos hubieran permitido que se diera la situación inversa, y peritos ecuatorianos pudieran haber intervenido -en caso homólogo- en el país del Sur. Y, hasta donde sabemos, se ha otorgado libertades a los familiares de las chicas asesinadas, para que recorran, pregunten, consulten. ¿Cuál es la denegación de justicia que los marchantes denuncian?

Como era de esperar, los usos políticos en el mismo Ecuador no dejan de darse. Ahora ya llaman a marchas en Montañita y Guayaquil. Y más allá de la intención subjetiva de algunos, que solo piensan honestamente en la memoria de las dos jóvenes tronchadas en una edad esplendente y promisoria, no deja de haber otros que llevan el agua para su molino político opositor en este país, donde aquellos que han viajado desde Argentina para solidarizarse, carecen de elemental información y conocimiento como para saber en qué sentido se toman sus acciones en una realidad social y política que ignoran. (O)


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