Al fin, la Ley orgánica de Cultura está en su fase final para su aprobación en la Asamblea Nacional. Al fin se va a cumplir el mandato de la Constitución de 2008. Y al fin, los artistas y creadores tendrán un cuerpo legal que los proteja y, sobre todo, que fomente y facilite el pleno ejercicio de su libertad creativa. Al menos en teoría. El texto de ley que ha sido socializado por la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional nos permite concluir que es una ley pacata y conservadora. Una ley que ordena el sector pero que -ni de lejos- cambia la institucionalidad o peor la transforma y ni se diga la revoluciona. No hay ninguna ruptura con la visión tradicional -y caduca- que el Estado tiene de la cultura.
Tanta demora para quedar en lo mismo. Ha podido más el lobby en los pasillos de la Asamblea, que responder a las necesidades del sector cultural. Ha podido más la pertinencia política de no hacer olas, que las demandas de los artistas y creadores. Y ha podido más la prisa -después de la demora- que la promesa de una revolución cultural o -al menos- pagar la deuda con la cultura.
Todos coincidimos en que es necesario reordenar una institucionalidad tan dispersa y tan precaria a través del Sistema Nacional de Cultura. Y la ley lo hace. Son dos subsistemas: Memoria social, patrimonio cultural e interculturalidad y el de Artes e innovación. Y se crean los Institutos para el Fomento de las Artes; del Cine y el Audiovisual; Instituto de Memoria Social y el ya existente Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que no se toca. Faltaba más.
¿Y el rol del Ministerio de Cultura y Patrimonio? Generar política pública y asumir la rectoría del sistema. Se amplían la conformación de los directorios en las instituciones culturales, lo cual está muy bien, pero eso sí, siempre con mayoría del Ejecutivo. Se crean decenas de Consejos Consultivos, como si ese fuera un mecanismo efectivo de participación y control ciudadano. La experiencia de estos años nos ha demostrado, más bien, lo contrario; de poco sirven y menos para ejercer ciudadanía. El tema de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el texto propuesto es borroso y, en lugar de generar luz, produce oscuridad. Se crea el Núcleo de Pichincha y una Coordinación Nacional, se crean asambleas provinciales, se modifica el sistema de elecciones y se mantiene la autonomía responsable. Pero nada se dice de sus roles y responsabilidades y peor de su gobernanza. Es solo un copy-paste de los textos de proyectos anteriores, dice Raúl Pérez, presidente de la Casa.
Sin duda, lo mejor de la ley es el tema del Patrimonio cultural; con un articulado detallado y minucioso. Tanto así que a Patrimonio se dedican 20 páginas, de las 70 que conforman el proyecto de ley. Todo lo contrario a lo que sucede con otros sectores. Por ejemplo, al de la industria editorial no se dedica ni una. Es más, casi no aparece. Lo cual es un gran absurdo. Una ausencia que debe ser reparada inmediatamente. Lo mismo sucede con incentivos al sector privado y también con los derechos laborales y sociales; se menciona, pero no se dice cómo.
Debemos también reconocer que el sector no es fácil. Flacso y varios colectivos culturales organizaron un foro para debatir el texto de la ley. Pero, una vez más, afloró la queja y el lamento. Cada uno defiende su pequeña parcela. Y los que no, pugnan por tenerla. No aflora el sentido común ni el espacio común, y peor el bien común.
Es necesario que la llamada ‘socialización’ del proyecto que ejecuta la Asamblea no sea para cumplir con la ley, sino que en verdad sirva para construir una mejor ley; no que solo norme y controle, sino que fomente, aliente y promueva la cultura nacional. (O)
