Es un ‘secreto a voces’, algo que se rumora o cuchichea, cuando no se lo silencia, o se lo minimiza, o evade, o no se lo advierte o, peor aún, no se comprende la gravedad del fenómeno. Me refiero al acoso sexual en las universidades ecuatorianas, un tipo de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres, de acuerdo a los pocos estudios realizados por académicas en ciertas casas de estudio.
Como es un comportamiento tan normalizado, las cifras son elusivas, pero la información levantada en estudios más cualitativos registra centenares de testimonios de esta experiencia en la cotidianidad académica, vividos en distintos espacios y a través de tantas formas: sutiles, descaradas, intimidatorias; verbales, escritas, visuales, gestuales, sensoriales, en una dinámica enfermiza que tiende al escalamiento y puede afectar significativamente la vida de las personas.
Lo grave es que hay ausencia de políticas, normativas y procedimientos orientados a erradicar este mal en las IES, lo que facilita el silencio, la complicidad, la culpabilización y estigmatización de las víctimas que se atreven a denunciar, y, en una cruel paradoja, la impunidad de los acosadores que siguen tan campantes en sus carreras universitarias.
La buena noticia es que por fin esta práctica está empezando a ser visibilizada y enfrentada, gracias a una política pública comprometida con la promoción de la igualdad y equidad de género en la educación superior. En efecto, en el marco de una reciente denuncia, la Universidad Central del Ecuador (UCE) y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) han elaborado -con el apoyo de la Red de Educación Superior y Género (RESG)- una propuesta de ‘protocolo recomendado’ al acoso sexual y otras violencias basadas en género que establece los principios, ámbitos de aplicación, órganos responsables, mecanismos de prevención y procedimientos para la denuncia, investigación y sanción de este delito.
Para los incrédulos en el proceso constituyente, ello ha sido facilitado por la normativa constitucional y legal vigente. Sin embargo, la discusión de este instrumento evidenció los límites de los órganos encargados de lidiar con este problema en las IES y la necesidad de que la reforma de la actual LOES reconozca la especificidad de la problemática ordenando la creación de una instancia técnicamente preparada, sensibilizada y con conocimientos para su manejo, como existen ya en otros países.
Por otra parte, a lo interno de la UCE, es indispensable que esta iniciativa -así como la política para la igualdad de género propuesta en abril de 2015- sea íntegramente recogida en la reforma al actual Estatuto Universitario, de próxima aprobación, cuya propuesta original no contenía prácticamente nada relacionado a la igualdad y equidad de género. De no hacerlo, tan importante iniciativa derivará en un mero saludo a la bandera. De hacerlo, la UCE será la pionera en romper el silencio sobre el tabú del acoso sexual en el sistema de educación superior del Ecuador. (O)