Los efectos de los shocks externos (caída del precio de petróleo, apreciación del dólar, etc.) han generado un déficit en la balanza comercial, por lo que el Gobierno se vio obligado a aplicar salvaguardias a los países de la CAN, lo cual no fue aprobado por esta. Como continúa la caída del precio del petróleo, está por aplicarse salvaguardias generales, en el marco de la legislación de la Organización Mundial del Comercio, las que serán temporales, lo que requerirá, en algunos casos, compensaciones. La medida inicial provocó aumentos de precios de algunos productos importados, entre ellos vehículos, electrónicos, etc. De seguir a la baja los precios del crudo, vendrán nuevas medidas.
Dado el desequilibrio comercial, que reduce ingresos en el Presupuesto del Estado, aumenta el déficit fiscal, disminuye el nivel de actividad económica, etc.; el Gobierno tomó otras medidas, como reducir el sueldo a los funcionarios del nivel jerárquico superior, limitó el reemplazo de vacantes, suspendió la jubilación voluntaria de maestros, etc. En estas condiciones económicas, el financiamiento de la inversión pública, que dinamiza la economía, está siendo afectada.
En este marco, en la reunión, los empresarios plantearon propuestas en torno a comercio exterior, compra de inmuebles públicos, impuestos, trámites y aspectos laborales. Resulta positivo que se hayan reunido el sector público y privado para acordar una agenda económica, en que cada uno contribuya en su ámbito a la economía nacional. Esta debe contener metas de corto, mediano y largo plazo en que cada sector establezca sus compromisos y acciones.
Días antes a dicha reunión, con el Decreto Ejecutivo 582, se dictó el Reglamento del Régimen de Colaboración Público-Privado, mediante el cual el sector privado podrá invertir en sectores estratégicos, proveer de servicios públicos de electricidad, viabilidad, infraestructura portuaria, aeroportuarias y ferroviarias. Este es un gran paso, con el que se da apertura al sector privado generando un aumento de su inversión, lo cual incentivaría el nivel de actividad económica. Por otro lado, el sector público -además- ha contribuido, con la construcción de infraestructura física, aumentando la competitividad sistémica.
Respecto al comercio exterior, los empresarios han insistido en la necesidad de nuevos acuerdos comerciales con EE.UU., Centroamérica, China y Asia. Si bien estos podrían significar la posibilidad de abrir nuevos mercados e incrementar exportaciones, también representa un reto por la entrada, con desgravación arancelaria, de productos importados lo que generará competencia a los sectores productivos nacionales. En consecuencia, las empresas ecuatorianas deberán incrementar su competitividad lo que implica aumentar productividad, calidad, innovación, mejoras tecnológicas, reducir costos, etc. En el próximo año comenzará a regir el acuerdo comercial con la UE, lo que requerirá de los empresarios ponerse a tono con la situación, a fin de poder competir con empresas europeas y mantenerse en el mercado.