En las economías capitalistas las mejores tierras están quedando en manos de transnacionales agroindustriales, que destruyen la agricultura campesina y ponen en riesgo la soberanía alimentaria, por la importación de alimentos subvencionados a través de los TLC.

Una propuesta alternativa dentro del marco de una reforma agraria integral son las zonas de reserva campesina, ZRC, como instrumento válido para apoyar el desarrollo rural, que se han debatido en Colombia, en la mesa de diálogos de Paz en La Habana, junto con importantes propuestas para la reforma del campo.

No es una propuesta nueva. Las ZRC se originaron durante el gobierno liberal de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) con la ley 160 de 1994. Allí se mencionan por primera vez, pero en el contexto de las colonizaciones en tierras baldías, y de la solución al problema de los cultivos ilícitos. La Ley fue reglamentada en 1996 a raíz de las marchas de los campesinos y cosecheros cocaleros que, como parte de los compromisos adquiridos para su desmovilización, pidieron establecer ZRC. Las primeras cuatro reservas se establecieron en varias localidades del Guaviare, Caquetá y Bolívar.

¿Cómo funciona una zona de reserva campesina?

Sus integrantes son miembros de juntas comunales, que aceptan un nuevo ordenamiento territorial que compatibiliza las necesidades de las comunidades y las posibilidades de su medio ambiente como modelo de desarrollo solidario. Escogen su junta directiva por cuatro años, encargada de coordinar las actividades, recoger las contribuciones (pequeñas cuotas del equivalente a unos cinco dólares al mes por cada junta comunal para el funcionamiento y un aporte voluntario del 1 % de lo que vendan los productores).

El Estado garantiza los derechos de la propiedad colectiva sobre la tierra de los miembros de estas comunidades, facilita asistencia técnica, apoya su inserción en los mercados regionales y otorga a cada campesino y su familia una Unidad Agrícola Familiar, como área mínima para la manutención del núcleo familiar.

El gobierno de Santos ha activado seis ZRC como parte de los acuerdos con las FARC, aunque éstas piden que sean 54 en más de 9 millones de hectáreas, y que tengan plena autonomía política, social y económica, similar a como se manejan los cabildos indígenas.

Las ZRC, dentro del ordenamiento constitucional, constituyen una garantía para que las transnacionales y extranjeros no sigan apoderándose de las tierras cultivables para agroindustria. Además, pueden ser un instrumento eficaz de prevención de los desplazamientos.