Millones de personas, en nuestro país, tienen sus hogares en áreas urbanas o rurales inseguras. Las alcaldías más preocupadas por vida y bienes de la ciudadanía de sus territorios tienen mapeado el riesgo y aplican políticas públicas preventivas. Ocurrió en la administración municipal de Ernesto Estupiñán Quintero con formidables aportes de la cooperación internacional (Oxfam, Unesco, Unicef, Usaid, Cooperación belga) y nacional. Las malas decisiones políticas y el mal uso del suelo aumentan el grado de vulnerabilidad de los asentamientos poblacionales. Al final, la suma de vulnerabilidades acrecienta tragedias y daños materiales. La ocupación poblacional de zonas de riesgo no es una elección, más bien son las equivocadas políticas de administración territorial y la prolongación de ciertos privilegios en la propiedad del suelo habitable. ¿Quién quiere su casa en una ladera en extremo inclinada y proclive a deslizamiento?
Esta ecuación ahorra palabras: R=A + V. Es la descripción resumida del riesgo (R), que siendo equivalente a una amenaza (A), natural o industrial, se incrementa por la suma de vulnerabilidades (V). Y V podría ser exponencial (Vn), si el incumplimiento de técnicas de construcción, acciones sociales de protección del suelo y la incapacidad política del Gobierno local empeoran los impactos de la amenaza efectivizada. Ciudadanía, autoridades e instituciones de gestión de riesgo deberían cumplir esfuerzos por disminución de efectos negativos. Eso es inteligencia preventiva.
La prevención de impactos de cualquier amenaza, mediante la disminución o supresión de la vulnerabilidad, disminuye el riesgo. La prevención es virtud de planificar el territorio, aplicar políticas, capacitar a la ciudadanía y evaluar resultados. Desaparecer los organismos de gestión de riesgo, por ejemplo, la Secretaría Nacional, y el debilitamiento de las direcciones de los gobiernos descentralizados es una involución en el manejo sistemático de las vulnerabilidades. (O)