La relación Estado-cultura no es nueva. Es una constante preocupación que supera el tiempo y está latente en toda dinámica social. En Ecuador ese recíproco intercambio de aspiraciones, objetivos e intereses ha sido ciertamente accidentado, o por lo menos, reducido a una discusión secundaria.
Ahora, que se propugna un proceso político de tinte progresista, es menester invocar a un amplio debate desde la esfera pública, la misma que supere las instancias gubernamentales, que a ratos se mueven desde la inercia burocrática, al menos, en lo concerniente a la promoción cultural. En tal sentido, la Revolución Ciudadana debe brindar todas las condiciones posibles para que su hoja de ruta tenga en la tarea cultural una de sus principales herramientas de cara al desarrollo integral de nuestra nación.
Dicho de otra manera, es impostergable que luego de ocho años de reconstitución de la cosa pública, la cultura sea considerada como elemento sustancial del cambio de estructuras socio-políticas, económicas y productivas, asumiendo como tal, desde una dimensión sistémica de convivencia humana (sin limitarse al hecho estético o puramente artístico). Es de relevancia que el fenómeno cultural sea factor inclusivo en la transformación anhelada, para lo cual el Gobierno central no debería escatimar esfuerzo alguno ni recursos, aunque eso no sucede en buena medida en la práctica. Bien lo dijo Jorge Enrique Adoum: “Siempre puede argumentarse, y no solo en nuestro país, que más urgentes son la educación y la salud, la higiene y la seguridad, con lo cual jamás habría fondos para el fomento y difusión de la creación literaria y artística, que es a lo que suelen reducir la palabra cultura”.
Entonces, cabe preguntarse: ¿cuál ha sido el aporte que hasta el momento ha dado el Ministerio de Cultura en el contexto de la reconfiguración de políticas públicas que favorezcan los derechos culturales? Pues, desde lo perceptible, los efectos aún no son halagadores, si tomamos en cuenta la engorrosa tramitología que reposa en sus oficinas, la contratación numerosa de funcionarios (as), el visible centralismo de su accionar en la capital (aunque hayan expandido un organigrama de direcciones zonales a lo largo del territorio ecuatoriano), la carencia de promoción de sus planes y programas en marcha (que supone, por ejemplo, la nula distribución masiva de su propuesta editorial) y la mudanza constante de timón (sobre lo último es innegable que las renovadas nominaciones de ministros (as) dilata procesos internos y retrasa la ejecución de proyectos -como los fondos concursables- a la faz externa). Es penoso que actividades como el Encuentro Internacional de Poesía ‘Paralelo Cero’ -con seis ediciones-, coordinado por Xavier Oquendo Troncoso, no tenga una apropiación institucional para su secuencia anual.
La Constitución de la República (art. 377) establece el sistema nacional de cultura, y esta máxima normativa también dispone a la Asamblea Nacional la aprobación de la ley que regule al quehacer cultural, la misma que aguarda diligencia para su debida promulgación.
Por esto, es expectante lo que haga y deje de hacer el flamante ministro Guillaume Long, cuya capacidad y preparación nadie pone en duda. Que su acervo sea el motor que mueva a la cartera de Estado, cuyo fin primordial es -desde los aprendizajes individuales y saberes colectivos- fortalecer la identidad y el patrimonio nacional. (O)