Acaba de producirse en Quito un hecho de extremada gravedad: una demostración de fuerza militar frente al poder de la justicia, que debe ser respetado por toda la ciudadanía de modo igual. El hecho se suscitó el 9 de noviembre con motivo de la audiencia convocada por el fiscal general del Estado, doctor Galo Chiriboga, con participación de la jueza, doctora Silvia Sánchez, a fin de conocer públicamente la acusación contra el oficial discretamente llamado Mario A., el mismo que no se presentó gracias a un oportuno certificado médico que lo declara afectado por un problema cardíaco. El juicio anunciado es el primero que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad, acusación que pesa sobre dicho oficial por diversas atrocidades cometidas, según se afirma en la denuncia, contra Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, militantes de Alfaro Vive Carajo, bajo el gobierno represivo de León Febres-Cordero.
Minutos antes de la audiencia hizo presencia un grupo de 25 altos oficiales, encabezados por el general Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto, y los generales Raúl Banderas, Carlos Obando y Luis Santiago, comandantes de la Aviación, el Ejército y la Marina, hallándose entre ellos el general (sp) Guillermo Rodríguez Lara, exmandatario derrocado por otros militares en enero de 1976. Ostensiblemente acudían a solidarizarse con el acusado, esto antes de conocerse el documento judicial que formula los cargos, que no llegó a leerse. Mientras tanto, afuera, como lo relata El Comercio del día 10, “decenas de soldados retirados rodearon una esquina de la Corte Nacional de Justicia y protestaron por el proceso. El coronel Fausto Cobo, exasambleísta de Sociedad Patriótica, encabezó el plantón”. Por su parte, la jueza suspendió la sesión.
Si solo se hubiera tratado de una inocente manifestación del famoso ‘espíritu de cuerpo’, el asunto no representaría gravedad; pero la presencia perfectamente articulada de los mandos militares es muy elocuente, y adquiere las características de un acto de presión a las autoridades de justicia, máxime cuando los manifestantes encabezados por Cobo, alta figura del gutierrismo, exhibían carteles con leyendas como esta: ‘Somos militares, no criminales’. Dicho de otro modo, los militares no pueden ser acusados de violación de los derechos humanos, aunque la historia demuestra que muchos casos han ocurrido en ese plano. Basta recordar que junto a policías acusados de los hechos sangrientos del 30 de septiembre se hallan enjuiciados también varios militares, por su notoria participación en el sangriento intento golpista.
Con este motivo vale también recordar esa tragicomedia que se denominó el ‘Golpe de la Funeraria’, 1 de septiembre de 1975, durante el intento de derrocar al mencionado general Rodríguez Lara, cuando varios altos oficiales secundaron al general Raúl González Alvear, quien ante el fracaso, y para evadir la justicia, corrió a Chile a protegerse bajo el ala del genocida mayor de América Latina: Pinochet, dejando atrás una veintena de muertos, soldados y civiles, amén de los heridos y las familias destrozadas. Una violación en serie de derechos humanos y constitucionales.
Por lo demás, resulta necesario recordar que la Constitución, en su artículo 158, dispone que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial”, lo que está lejos de cualquier demostración de solidaridad con militares acusados de múltiples delitos de lesa humanidad.
El grave episodio que comentamos se agudiza cuando personajes políticos de la derecha, como el banquero Guillermo Lasso, se pronuncian a través del canal Teleamazonas en la misma línea de supuesta solidaridad, abundando en sospechosos elogios a las Fuerzas Armadas. (O)
