Con la segunda revolución industrial (petróleo y electricidad) nació el imperialismo: la época del dominio de los gigantes monopolios empresariales. Las petroleras se lanzaron sobre América Latina, y su historia en la región es nefasta. En México, Lázaro Cárdenas (1934/40) fue el primero en enfrentarlas, nacionalizando el petróleo.
En Ecuador, Eloy Alfaro recibió las primeras propuestas para exploración petrolera. Pero el gobierno “juliano” de Isidro Ayora firmó un contrato con Leonard Exp. (1926) para exploración petrolera en el Oriente, y otro con Anglo (1928) para explorar en Ancón. Fueron contratos muy favorables a las empresas.
En la década de 1960 despertó el apetito por concesiones petroleras, que incluyó compañías fantasmas, negociados y corruptelas de todo tipo. Además, se desataron las reacciones contra el “desarrollismo” inaugurado por la Junta Militar (1963/66), lo cual condujo a la Constitución de 1967, que introdujo tempranos conceptos neoliberales, pues hizo responsable al Estado frente al sector privado (Art. 27), señaló su “competencia desleal” contra las empresas (Art. 93) y facultó la concesión privada sobre recursos naturales (Arts. 55 y 56). Ese mismo año la Texaco anunció el descubrimiento de petróleo en el Oriente.
Fue el Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las FF.AA. (1972/76) el que cortó la voracidad privada sobre el petróleo ecuatoriano. Esa dictadura retomó el modelo desarrollista; puso en vigencia la Ley de Hidrocarburos; creó CEPE, TRANSNAVE y FLOPEC; comenzó la inédita exportación del crudo y prácticamente nacionalizó el petróleo, pues el Estado controló el 80% de sus actividades. El triunvirato militar sucesor (1976/79) abandonó el “nacionalismo revolucionario” y aflojó el control estatal sobre el petróleo.
Sin embargo, la Constitución de 1979 con la que se iniciaron los gobiernos constitucionales consagró el sector estatal de economía y al petróleo como recurso estratégico. El empresariado estalló contra semejante “modelo”. De modo que desde 1982, al compás de la deuda externa y los condicionamientos del FMI, se construyó en Ecuador un modelo empresarial-neoliberal que la Constitución de 1998 santificó. Se logró así desmontar el control estatal del petróleo y el 80% de esa riqueza pasó a manos privadas.
Desde 2007 fue recuperada la primacía del Estado en materia petrolera. Pero siguen activas las voces de quienes buscan el retiro del Estado y sueñan con el manejo privado de todas las fases petroleras.
Es claro que la experiencia histórica latinoamericana apunta al control estatal de ese recurso estratégico y esto es lo que ha definido a los gobiernos de nueva izquierda.
Y avanzar en la derrota del capitalismo exige no perder de vista que la construcción del socialismo del siglo XXI tiene como ventaja contar de antemano con un sector estatal de economía, y debe fortalecer toda democratización de los factores de la producción, algo que impone la Constitución de 2008. Cualquier “privatización” en la perspectiva de los intereses empresariales solo va en la vía contraria. (0)