Lo que parecería estar en el fondo del insólito rol deliberante de ciertos altos mandos militares es la resistencia a la reforma de la institución armada ordenada por la Constitución (2008), reforma que parecería haberse retrasado por el 30-S, en el que también participaron militares y en el que las FF.AA. tuvieron una tardía respuesta en defensa de la democracia: ocho horas después de haberse iniciado el intento de golpe de Estado. Lo que sucedió en ese tiempo es un misterio. Pero algo tiene que ver con lo que hoy sucede entre Gobierno y militares.
Si nos guiamos por la información de prensa, 22 días antes del 30-S, el Issfa aceptó vender los terrenos de Samanes. Pero, 45 días después del 30-S, el Gobierno decidió traspasar 150 empresas del Ejército al Issfa “a petición del alto mando militar y por varias comisiones de oficiales en servicio activo y pasivo”, como un “resarcimiento justo” a la venta de dichos terrenos. Con ello, habría quedado en el limbo el art. 162 de la Constitución, ya que a través del Issfa las FF.AA. continuaban actuando como grupo económico corporativo. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué realmente se ‘resarció’ con esto?
Pero, ¿qué institución pública maneja 150 empresas para beneficio de un solo grupo? ¿Cómo se explica que la sociedad admita esto en silencio? Ciertas ideas-fuerza desarrolladas por este aparato de poder han coadyuvado a ello. Primeramente, su noción de supremacía institucional, de ‘poder’ dentro del poder, que naturaliza este y otros privilegios. Por ello, tampoco reconocen ciertos procesos judiciales y sentencias, ni los dictámenes de Procuraduría y Contraloría en el caso del Issfa, ni, de modo inaudito, la autoridad del Ministro de Defensa sobre la cúpula militar. Tras su discurso formal de obediencia, solo admiten la ‘autoridad militar’.
Han construido, además, un sentido de comunidad de linaje: la ‘familia militar’ a la que todos sus miembros deben ‘lealtad’. En algunas voces, parecería que la patria empieza y termina en dicha ‘familia’, hecha a la medida de las jerarquías, cuyo ejercicio de poder mediado por agudas discriminaciones hacia sus subalternos más se asemeja al vasallaje del gamonalismo que a una gestión moderna.
Para ellos, la institución armada es también ‘sagrada’, y, por lo mismo, intocable. Está más allá de la justicia. Transparentar y castigar la actuación de miembros que han participado en crímenes de lesa humanidad es atentar contra su ‘honor’, su ‘prestigio’. Es una ‘ofensa’ a la devoción que se le debe. Hay que silenciar la verdad. Es preferible la impunidad antes que afectar su imagen ante la sociedad.
¿Es compatible este imaginario con la construcción de una democracia siquiera formal? De ninguna manera. Son visiones que se acoplan al viejo concepto de FF.AA. como ‘garantes’ de la democracia, de una democracia sitiada por la amenaza de los 30-S, concepto superado por la actual Constitución, pero no en la mentalidad de ciertos jerarcas militares que siguen enfocando las intenciones de reforma como una ‘incesante provocación’. (O)