Los medicamentos falsificados, adulterados y caducados constituyen un grave problema de salud pública porque, con cualquiera de los tres, no solo que el medicamento no cumple con los requisitos de acción curativa -pues no tienen la sustancia, ni la cantidad y contienen sustancias tóxicas-, sino que provocan problemas que pueden llevar hasta la muerte. Además, los tres tipos de engaño son muy frecuentes en los mercados clandestinos, pues se venden con apariencia de formales y resultan más baratos.
Muchas denuncias públicas se han efectuado, sobre todo por los canales de televisión (Ecuavisa en 2012 lo hizo sobre productos falsificados provenientes de Perú; y TC Televisión, en enero de 2014, mostró bodegas clandestinas en Durán).
La Organización Mundial de la Salud estima que los productos falsificados llegan al 10%, mientras en Ecuador se calcula llegan al 25%, según María Fernanda Román, experta independiente del Consejo de la Judicatura, quien investiga el problema por ética y vocación social. Los falsificadores tienen ganancias cinco veces mayores a la inversión, en poco tiempo. En el país existen, además, otros problemas, como los robos farmacéuticos institucionales que son vendidos en el mercado común de los medicamentos. Se desconoce qué sucede con los medicamentos caducados. Estos, con los falsificados y adulterados, todos incautados, deben ser destruidos públicamente, como la droga. ¿Sucede algo similar con los dispositivos médicos, cuya falsificación se estima llega al 50%?
Perú y Colombia son los escenarios más graves de falsificación. En el último, en 2013, se encontraron 170.000 medicamentos falsificados y se apresaron 21 personas, una de las cuales viajaba con frecuencia al Ecuador. Se trata de grandes redes.
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) solo se cumplen en un 60% de productos en Ecuador. Y hay otro problema, los medicamentos de difícil acceso. Infarma, la institución pública, no debe solo fabricar, sino también ‘gestionar’ estos medicamentos, apoyando a la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria (ACVS) del MSP.
El problema es que el registro sanitario es documental, y el control post-registro, caro. El Presidente ha advertido la necesidad de que la población vigile y denuncie los casos. Al hacerlo, él cree que se establecería un control post-registro. Desde luego, un muestreo adecuado post-registro resultaría más eficaz y barato.
El Observatorio de Salud debe enseñar a la gente a identificar la falsificación.
