Una académica decía hace poco que la “pobre regulación de los medios que llevan mensajes de odio, acentúa la discriminación y violencia contra las mujeres”, juicio insólito en un contexto en el que, desde 2013, el Estado regula y controla al “único poder sin contrapoder”, como caracterizaba Ignacio Ramonet a los medios de comunicación. En las antípodas estaba la acusación que, por la misma fecha, hacía Fundamedios, al evaluar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), de que se “ha perpetrado una verdadera masacre” a los medios por la aplicación “abusiva y arbitraria de una normativa que viola todos los estándares de protección a la libertad de expresión”.
Posiciones tan contrapuestas expresan, en realidad, conceptos contrapuestos de libertad de expresión. Por una parte, el del Estado estadounidense que “defiende la libertad ilimitada de palabra-discurso en un mercado libre de ideas” a ser protegido desde la ‘neutralidad’ del Estado, y que en esta coyuntura ha sido defendido en el país a través de una superestructura criolla e internacional (medios de comunicación, periódicos y blogs digitales, redes sociales, ONG, gremios, partidos, ‘personalidades’, además de la SIP, la CIDH y Reporteros sin Fronteras), orientada a criminalizar la actual política de comunicación, que ha desafiado este concepto imperial.
En efecto, el concepto asumido por la Revolución Ciudadana es más cercano al europeo, que defiende la intervención del Estado para garantizar los derechos ciudadanos a la libre expresión porque no existe un ‘mercado libre de ideas’; los ciudadanos son meros receptores de información y son los medios -hoy organizados en grandes corporaciones- los que en realidad ejercen dicha libertad. Por ello, esta no es ilimitada y la ética mediática es pública porque implica responsabilidad.
Pero, en el caso ecuatoriano, como lo expresaba la académica, la demanda de regulación y control mediático la han hecho desde hace décadas los movimientos sociales a fin de erradicar la violencia simbólica expresada en prejuicios, estereotipos, estigmatización de mujeres, pueblos y nacionalidades, población GLBTI, personas con discapacidades, etc., que siguen circulando diariamente en la programación mediática, como lo revela un reporte del Cordicom (2014-2016). ¿Quiénes son, entonces, los masacrados?
Esta demanda social ha sido asumida, normada e institucionalizada por la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, los movimientos sociales no se han empoderado de ella. No la han convertido en un instrumento para batallar contra la colonialidad del poder, lo que se evidencia en la ausencia de denuncias contra la discriminación mediática por parte de ellos en el reporte mencionado. Esto sugeriría que el concepto imperial de libertad de expresión promovido por la superestructura imperial, y, sobre todo su objetivo de criminalizar la política pública, ha penetrado también en estos colectivos.
Pero, un pueblo que para ser libre necesita descolonizarse, no puede asumir un concepto de libertad de expresión que justifica que le sigan colonizando. (O)