La semana pasada continuaron las movilizaciones. En Quito, los líderes sindicales de la CTE y representantes de la Conaie reclamaron por un nuevo Código de Trabajo, enmiendas constitucionales, corrupción, etc. CREO exigió el retiro definitivo de los proyectos de ley del impuesto a la herencia y plusvalía, devolver a maestros el Fondo de Cesantía, eliminar los límites a reparto de utilidades, etc. Rodas exigió rectificaciones. En Cuenca, el Prefecto del Azuay se manifestó contra políticas gubernamentales. En Guayaquil, el Alcalde encabezó marcha contra el Gobierno, los proyectos de ley, rechazó el diálogo y advirtió que escuche al pueblo. También se movilizaron en Machala, liderados por su exalcalde. Las Cámaras Empresariales solicitaron el archivo de los proyectos señalados.
La oposición aprovechó la coyuntura para reclamar por dichos temas y otros buscando cambiar la correlación de fuerzas políticas, medir su capacidad de convocatoria y ganar espacio popular. El Gobierno ha aprobado proyectos de ley contando con su mayoría parlamentaria, sin tener una estrategia comunicacional, análisis del entorno y tino para tratar temas sensibles, lo que, aprovechado por la oposición, provocó desinformación y confusión sobre quienes deberían pagar los impuestos señalados. La derecha, incluido PSP, ha tomado como táctica a las movilizaciones contra el Gobierno buscando crear un clima de tensión y presión, obligando al Gobierno a un retiro táctico que ofrece un diálogo estructurado, llamar a consulta popular sobre los proyectos y analizar el país que queremos.
Basado en la Constitución de 2008, el Gobierno ha realizado una amplia reforma institucional que ha establecido las nuevas reglas del juego en lo económico, social y político. En el primer campo, reestructuró el sector público, ejecuta una elevada inversión y gasto público, construye infraestructura, creó un Estado regulador, supervisor e intervencionista de la economía con el objetivo de dinamizar la actividad económica y redistribuir el ingreso para construir una economía social y solidaria.
Con reformas fiscales, aumentó la presión tributaria, aplicando la redistribución del ingreso con una amplia política social con un fuerte gasto en salud, educación y vivienda que permitió mejorar las condiciones de vida, la reducción de la pobreza, generando más equidad social, aupando a la clase media.
En lo político aprobó el Código de la Democracia. Estableció una llamada independencia de poderes del Estado, aprobó leyes que regulan el funcionamiento y estableció los límites de los sectores financiero, económico y mediático.
Pero cuando trató de afectar al patrimonio, para más equidad, con dichos proyectos, el poder real se unió, usó a la clase media para defender sus propios intereses y estableció los límites al Estado en cuanto a tocar su riqueza. Hay dos visiones de país. Una del Gobierno y otra del poder real. ¿Debe decidir solo el poder político y real o las élites temas cruciales del país? ¿Queremos un capitalismo salvaje o una socialdemocracia? (O)