Las autoridades han informado que, durante los primeros 15 días de confinamiento, se han recibido 580 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. La cuarentena ha obligado a muchas mujeres de distintas condiciones a cohabitar con su agresor, exponiéndolas a ser maltratadas, golpeadas y constituyendo un riesgo para su vida.
Pese a que, en estas condiciones se acentúa la violencia doméstica, el sistema de justicia se encuentra paralizado, atendiendo solamente unidades de flagrancias.
Sin embargo, en los casos de violencia psicológica, física o sexual que se encuentran en investigación, la cuarentena se convierte en una eternidad, pues se han detenido diligencias judiciales importantes como testimonios anticipados, valoraciones o incluso la ampliación de medidas de protección.
Otra de las limitaciones de las mujeres en esta emergencia sanitaria, tienen que ver con su situación económica; muchas jefas de hogar deben buscar la forma de obtener ingresos para alimentar a sus hijos.
La carga del trabajo doméstico y tareas de cuidado generan un peso adicional para quienes teletrabajan, más cuando sus hijos son pequeños o poseen alguna discapacidad, por lo que requieren mayor atención.
Nuestra salud sexual y reproductiva también se ve afectada, frente a la imposibilidad de atención prenatal, de atención de partos, dado el riesgo de contagio en hospitales. Algunas mujeres en edad avanzada tampoco han podido acudir a sus controles de salud ni han recibido medicina continua o simplemente no tienen seguridad social.
El país debe atender a esta realidad, debiendo corregir estructuralmente políticas públicas nacionales y locales en prevención de violencia y atención a las más vulnerables.
Se debe rever el financiamiento para casas de acogida, priorizar la protección judicial para mujeres violentadas; y rediseñar un tejido social que nos sostenga, porque el machismo no está en cuarentena. (O)