La capital del Ecuador está comenzando a pagar caro el tener autoridades que no tienen visión sobre el presente y futuro de la ciudad. Muchos electores fueron seducidos por baratijas, como la de la reducción de multas en medio de una estrategia electoral basada en la no confrontación, en el discurso light de hablar mucho y decir poco, pero armando un escenario donde todo y nada calza. ¡Incluso algunos pensaron que sería elegir una opción de izquierda diferente! Pero pasado el tiempo basta recorrer la ciudad en cualquiera de sus sectores para evidenciar la carencia de políticas públicas sostenibles.
Un claro y costoso ejemplo es el pésimo estado del sistema de calles principales y secundarias de toda la ciudad. Recórrase el sur, el norte, el este o el oeste para darse cuenta de que a nadie le importa el mantenimiento vial. Peor en sectores populares, donde el abandono es terrible. Cuántos barrios siguen sin legalizarse por una burocracia municipal indolente; no digamos el caso de la elevación de las tarifas a los taxistas que, más allá de ser justo o técnicamente necesario, bien se sabe que el servicio es pésimo y genera un sentimiento de inseguridad en la ciudadanía.
O las famosas zonas de parqueo que, en la práctica, han desaparecido, y cualquier calle se convierte en parqueadero a la voluntad de los conductores. Esto conlleva a un irrespeto sistemático a las leyes de tránsito y, peor aún, con la complicidad pasiva de los agentes del orden. Lo barato salió caro para todos los habitantes de la capital. Y la discusión política sobre la ciudad se ha reducido a pequeñas batallas mediáticas en redes y ahora en ciertas emisoras municipales.
Se piensa que hacer marketing o recorrer ciertos barrios cada cierto tiempo basta para gobernar la ciudad. Lo que está en riesgo es la propia capacidad que ha tenido la capital para resolver sus problemas a mediano plazo. Entonces ya se le ha pasado la primera factura a la ciudad, cuando su infraestructura pierde calidad y afecta a la economía de todos; encarece bienes y servicios y se convierte en foco de especulaciones de todo tipo.
Cuánta falta hace un control permanente a las constructoras de planes habitacionales. ¿Quién no ha padecido más de una vez con los incumplimientos de ciertas empresas inmobiliarias o con el empeoramiento de los servicios de atención municipal? Ha pasado suficiente tiempo como para culpar a administraciones anteriores.
¿Qué obras está recibiendo la ciudad capital? Parecería que se promueve una fragmentación intencional de la urbe; profundizar las distancias sociales, zonificar los privilegios; afectando los logros obtenidos en derechos a la ciudad, a un hábitat sustentado en la equidad, la justicia y el bienestar colectivo. La ciudad no puede caer en la trampa del egoísmo y la ventaja personal.
Esta es, sin duda, una estrategia bien planificada con miras a las elecciones de 2017. Debilitar la conciencia política colectiva-ciudadana para caer nuevamente en la trampa neoliberal de las privatizaciones-fundaciones. Lamentablemente aún la ciudad debe pagar caro lo barato que obtuvo en las elecciones. Dura lección política que, esperemos, no quede en el olvido. (O)
