El desarrollo y ejercicio de la sexualidad concierne a todos, pero la mujer ha sufrido, en la historia de todas las culturas, el dominio y subyugación del varón. Ha sufrido los sacrificios no solo del embarazo y la crianza de los hijos, sino el rol de la atención al señor en el hogar en todos los menesteres domésticos. Los hombres las dominaron y las pusieron a su servicio.
En Occidente se logró en el siglo pasado la revolución de las mujeres, que dio paso al reconocimiento de sus derechos. Iniciaron la conquista de la equidad y, en ese contexto, de su salud sexual y reproductiva. Ellas pueden decidir ser madres o no serlo. Solo ellas deben decidir cuándo y con quién ejercer su sexualidad. Ellas deben tener libertad para disfrutar de ese placer cuando lo deseen, sin la preocupación de un embarazo no deseado. Y ellas, disponiendo de información y anticonceptivos necesarios, resolver, con su pareja, la planificación de su familia.
Las creencias y normas de conducta individual, es decir la moral, establecida culturalmente por el poder masculino de la Iglesia, la autoridad política, económica o militar, subyugaron a las mujeres en el pasado. Pero los tiempos han cambiado.
Las mujeres progresistas, aquellas que en el siglo pasado lucharon por la equidad y la liberación, clarificaron su rol y sus derechos, entre ellos el de su libertad para decidir sobre su propio cuerpo, como únicas dueñas del mismo. Hoy la mayoría usa anticonceptivos más allá de las prohibiciones de la Iglesia. Muchas consideran que los embarazos no deseados deben suspenderse si ellas lo deciden. No debe haber poder humano ajeno que decida sobre su propia decisión y su propio cuerpo.
La sociedad establece por consenso los principios éticos sobre las conductas individuales y colectivas. Mientras estos no se logren, deben respetarse las diversas creencias, opiniones y decisiones, pero de lado y lado. La Estrategia Nacional Interinstitucional de Planificación Familiar (Enipla), ejemplo de ‘programa estrella’ para la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva, debe estar en manos de personas progresistas y democráticas. El Estado debe atender, por lo tanto, con sus servicios, los diferentes requerimientos. No puede una autoridad, en un Estado laico y democrático, tratar de imponer sus exclusivos principios morales. Si lo hace puede caer en dogmatismos, maniqueísmos y fundamentalismos que le lleven a cometer graves errores históricos con su sociedad.