Colombia los campesinos protestan por la aplicación del TLC. Y piden respeto a sus derechos y a la garantía para cultivar y producir. En Perú y en Brasil los indígenas de las poblaciones amazónicas demandan de sus Estados apoyo para resolver sus problemas históricos de atención y solución de enfermedades graves. En Bolivia la deforestación arrastra décadas de sequía y desabastecimiento de agua para el consumo humano y la agricultura.
Todo ello sin descontar lo que ocurre en México y Centroamérica, donde la explotación de tierras y recursos naturales a favor de las empresas transnacionales agrícolas coloca a los campesinos en la disyuntiva de emigrar o morir en sus territorios.
Y por nuestro país, desde hace algunos años, las demandas de las naciones mencionadas antes van relegándose a otras. ¿Qué habría pasado si firmábamos un TLC, como lo querían mandatarios como Lucio Gutiérrez y Gustavo Noboa? ¿De qué hablaríamos ahora si hubiésemos mantenido los contratos petroleros como lo definieron los dos expresidentes mencionados y toda la estructura económica implementada desde la lógica de los organismos financieros internacionales? ¿Dónde habríamos colocado las banderas de lucha por el ambiente si se mantenían las normas, leyes y hasta la Constitución para favorecer al capital internacional con la producción de todos los bienes y servicios nacionales?
Es cierto que la lucha del movimiento indígena ecuatoriano significó todo un ejemplo para el resto del continente cuando se frenaron los deseos de TLC y otras medidas. También es cierto que hubo economistas y pensadores nacionales, a veces en solitario, que señalaron el daño para la naturaleza y para el ser humano del proyecto neoliberal. Y todo ello sentó las bases para una plataforma programática que ha sido asumida por los actuales gobernantes (desde el Ejecutivo y llegando a los gobiernos autónomos descentralizados).
De ahí que sorprende y hasta escandaliza que ahora los mayores defensores de la no explotación del Yasuní sean quienes sostuvieron y defienden un proyecto neoliberal que solo puede existir y desarrollarse con recursos a favor del capital, independientemente de la ecología y sus beneficios para los seres humanos.
La ecología es también un espacio de disputa política. Y ocurre que en esa disputa hay argumentos y elementos que deben discutirse independientemente de quien dirija el país, aunque eso sea lo más complejo por ahora. Por eso la ecología no es un espacio para la revancha política sino para la construcción de un paradigma social y universal a favor de nuevas formas y modelos de consumo. No se trata de que si Correa fue o no el promotor de la iniciativa Yasuní-ITT, sino si él ahora tiene sobre sus hombros la capacidad de modelar otra forma de convivencia que vaya más allá del consumo.
Hemos atravesado por diferentes etapas políticas muy marcadas por la confrontación. Y cuando se trata de colocar a la ecología como el paradigma solo hace falta que los banqueros, los empresarios, los intelectuales, los abogados y todo el conjunto de actores políticos que ejercen su opinión le digan a los ecuatorianos cómo hacemos para superar el modelo extractivista y, al mismo tiempo, reducir la pobreza, para apuntalar una sociedad del buen vivir general y colectivo.
Bienvenidos todos los debates y argumentos. Por ahora solo hay entusiasmo por “cobrarse” la derrota del pasado 17 de febrero. Eso se nota a leguas. Y lo que no encontramos es más información, menos aún argumentos sólidos, para colocarnos en la mejor disyuntiva: vivir del petróleo o construir una sociedad desde nuestras austeridades.