Desde la década de 1980, junto a la crisis de la deuda externa y los condicionamientos del FMI, el neoliberalismo se afirmó en América Latina; y con el derrumbe del socialismo y el triunfo de la globalización, se consolidó el Consenso de Washington. Con el paso de los años, parece olvidarse que al neoliberalismo acompañaron el autoritarismo, la represión, el desastre institucional y sobre todo, el deterioro social y laboral.
Al comenzar la década del 2000, los gobiernos progresistas y de nueva izquierda iniciaron un nuevo ciclo histórico en América Latina. Se logró revertir al neoliberalismo, instalar democracias e institucionalidades con otros poderes sociales, e imponer modelos de economía centrados en el activo papel del Estado y la promoción de amplios sectores medios y populares. Las condiciones de vida y de trabajo mejoraron en forma inédita, conforme lo han reconocido, en diferentes informes, la Cepal, el PNUD, el BM y hasta el FMI.
Pero los logros no han bastado. Y hoy, después del triunfo derechista en Argentina y Venezuela, es cierto el peligro del retorno neoliberal, aunque bajo otras condiciones históricas, y remozado con la imagen de “cambio político”, que ha sido capaz de convencer, manteniendo ocultas a las tres fuerzas más poderosas que hoy actúan para acabar con el ciclo de los gobiernos progresistas: élites empresariales y de capas adineradas, el imperialismo, y una serie de medios de comunicación privados que libran la guerra ideológica y cultural a diario.
Ante semejante panorama, el ciclo de crisis económica que se extiende por América Latina, ha pasado a ser un desafío para el gobierno del Ecuador, que ahora tiene que moverse sin los altos ingresos del pasado inmediato y bajo condiciones cada vez más adversas. Del auge y la euforia de los primeros tiempos, la Revolución Ciudadana corre el riesgo de estabilizarse en la reproducción de la institucionalidad creada, un fenómeno nada nuevo si se contempla lo ocurrido con el agotamiento de la Revolución Liberal en 1911, o con el de la Revolución Juliana en 1931, ambas hitos fundamentales en las transformaciones históricas del Ecuador.
En ese marco, parece un contrasentido y no un triunfo histórico, que sea precisamente el gobierno de la Revolución Ciudadana el que haya tenido que inclinarse al pragmatismo y cancele los heredados bonos ‘Global’, que restan 650 millones de dólares a la inversión social; que acuda a las alianzas público-privadas con sustanciales ventajas a los inversionistas; suscriba un tratado de comercio con Europa en los términos referenciales logrados por Colombia y Perú; realice concesiones petroleras; o impulse un creciente endeudamiento externo, otrora descalificado.
Queda por verse la adopción de medidas igualmente radicales para mantener firme la redistribución de la riqueza, impidan el retorno del desempleo y el subempleo, afirmen el sistema impositivo con afectación a las capas más ricas, e incluso empiece la democratización de los factores de la producción, un principio central en la Constitución de 2008. (O)