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El Telégrafo

Firmas y “fraude”

06 de agosto de 2012

En 1978, políticos tradicionales plantearon el voto  nulo contra los dos proyectos de Constitución, que se someterían a referéndum. León Febres Cordero vociferaba contra esos proyectos. Y para deslegitimar el proceso, las derechas hablaron de “fraude” preparado. Acusaban a la Nueva Constitución, como “estatista” y “comunista”. A pesar de todo, ella fue aprobada con el 45% de los votos de los ecuatorianos.

En 1979, Jaime Roldós (CFP) triunfó contra Sixto Durán Ballén (PSC). Fue una sorpresa. Los opositores hablaron de “fraude” y a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la “mano negra” buscaron alterar los resultados políticos. Las derechas pasaron a nuevas tácticas, incluyendo una campaña de terror para impedir el futuro “comunismo”.

Presionaron a Durán Ballén para que renunciara a la segunda vuelta, a fin de crear un vacío que impidiera el seguro triunfo de Roldós. El candidato y sus partidarios también hablaron de “fraude” y de firmas alteradas con ese propósito. Se trataba, en definitiva, de deslegitimar el proceso. Pero en la segunda vuelta triunfó Roldós con el 61% del voto nacional.

En 1984 triunfó Rodrigo Borja Cevallos (ID) contra León Febres Cordero el candidato socialcristiano. Otra vez más, opositores y derechas hablaron de “fraude monstruoso”. Además, los socialcristianos desarrollaron una multimillonaria campaña para impedir el triunfo del candidato “estatista” y “comunista”. Lo lograron. En segunda vuelta, triunfó Febres Cordero. Nunca más volvieron a hablar del “fraude”.

En nuestros días, estalla la legítima reacción ciudadana contra los listados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los que muchos aparecen militando en partidos en los que nunca se inscribieron. Pero los políticos de oposición, a los que se unen aquellos medios de comunicación convertidos en sus voceros espirituales, trazan su estrategia de “denuncia” y “escándalo” con otros propósitos. Para todos ellos, se ha preparado un gran “fraude”, con el cual se trata de “acabar” con fuerzas “alternativas” y con el “legítimo” pronunciamiento ciudadano.

Partidos y movimientos que vociferan, a los que debe investigarse por las listas de afiliados y adherentes con firmas falsas, o por la compra de “servicios” para registro de partidarios a sui géneris “empresas”, buscan esconder sus responsabilidades; pero, sobre todo, lo que tratan es de deslegitimar el futuro proceso electoral, en el que es imposible su triunfo. La historia del pasado se repite.

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