España ha estado en los últimos meses ocupando gran parte de la actualidad informativa a nivel global, la situación que está viviendo como consecuencia del intento de separación de una de sus regiones, ha puesto en alerta a diferentes instituciones internacionales y claro está a las propias del Reino de España.
Cataluña, una Comunidad Autónoma integrada en el sistema nacional español, ha buscado históricamente un trato diferenciado, en relación con el resto de comunidades autónomas, que la ha llevado a ser protagonista desde la constitución de 1978 en la que todos los españoles, incluidos los catalanes, aceptaban un Estado Autonómico y descentralizado, después de décadas de dictadura militar.
El último gobierno catalán, liderado por el independentista, Carles Puigdemont, decidió buscar la independencia de forma unilateral, yéndose en contra de todos los principios políticos, democráticos y jurídicos que hasta el momento gobiernan al Estado Español. Esto ha generado un problema de diferentes vertientes; política, económica, social y jurídica que sitúa a Cataluña en una difícil situación y por tanto, al conjunto de España.
El gobierno central, liderado por el conservador Mariano Rajoy tuvo que aplicar uno de los artículos de la constitución, el ya famoso 155, para tomar el control de Cataluña y de esta forma hacer respetar la normativa vigente. En la aplicación de este artículo se incluyó la necesidad de convocar las elecciones que se han celebrado el pasado 21 de diciembre. En este contexto los resultados de las mismas reflejan la situación de ruptura existente al interior de Cataluña. Resultados que únicamente ponen de nuevo el acento en la dificultad política que existe para gobernar esta Comunidad Autónoma.
Independientemente de los pactos y el gobierno que se pueda conformar, lo que sí han reflejado estas elecciones es la necesidad de apelar al diálogo, a un diálogo sensato y generoso, que permita reconducir la situación absurda que rompe y divide Cataluña y España. (O) et