Cuando en América Latina se habla de ‘empresarios’ la referencia usual es considerar como tales a la burguesía, o sea, la clase capitalista propietaria de medios de producción, sin desconocer a pequeños y medianos propietarios, así como a emprendedores de todo tipo.
Pero en la región se ha investigado sobre diversas temáticas: ¿existe o no burguesía nacional?, ¿hay ‘fracciones de clase’ independientes o todas se hallan interconectadas?, ¿son agentes dinamizadores de la economía o capas rentistas?, ¿han generado progreso o simple crecimiento?, ¿son competitivos o requieren del amparo estatal? Queda en claro que la ‘calidad’ de los empresarios determina su acción frente al desarrollo.
El ‘régimen oligárquico’ predominó largo tiempo en América Latina. La sociología histórica sostuvo que para derrotarlo aparecieron los ‘populismos’ a partir de la década de 1930, basados en la alianza entre burguesías emergentes y clases trabajadoras. Eso es inexacto y, además, hoy el ‘populismo’ es una simple forma de hacer la política, útil a cualquier fuerza partidista.
En Ecuador, Eloy Alfaro fue el primero en intentar la modernización capitalista y expidió una ley de fomento industrial que otorgaba a los empresarios enormes ventajas; pero el país, dominado por hacendados, agroexportadores, banqueros y comerciantes, no se industrializó.
Tampoco tuvieron éxito los propósitos industrializantes de la Revolución Juliana (1925), pionera en sentar las bases para la superación del régimen oligárquico.
Como lo han demostrado diversos estudios, la burguesía ecuatoriana creció en las décadas de los 60 y 70 solo bajo el amparo proteccionista del Estado, que dictó leyes, movilizó recursos, realizó obras públicas, extendió servicios y promovió la industria, con todo lo cual fue posible encarar el cuadro del subdesarrollo que largamente caracterizó al país.
Bajo ese desarrollismo, recurrentemente los empresarios han sido beneficiados con rebajas o exoneraciones de impuestos, exenciones en el impuesto a la renta, condonaciones o refinanciamiento de deudas y en la década de los 80 ‘sucretización’ de las mismas, trato privilegiado con subsidios y rebajas arancelarias, intereses crediticios favorables, adquisición preferente de divisas, y hasta flexibilizaciones y precarizaciones laborales.
Desde 2004 el FMI ha publicado varios estudios sobre las alianzas público-privadas (APP) (https://goo.gl/z1HZ2K); y la Cepal desde 2009 (https://goo.gl/AFre3d).
En Ecuador, la propuesta de ley sobre APP vuelve sobre una serie de incentivos empresariales incluso inéditos y muy discutibles, pero en la misma línea tradicional: rebajas y exoneraciones tributarias, condonaciones de deudas y facilidades crediticias. Un modelo que privilegia a quienes participen de ese esquema y que ha provocado los reclamos para que semejantes ‘beneficios’ se extiendan a todos los empresarios.
La pregunta es ¿hasta cuándo el Estado tiene que seguir ofreciendo incentivos para la formación de una burguesía nacional realmente eficaz y emprendedora? (O)