La Organización de Naciones Unidas, el máximo foro universal, estableció hace algunos años una inquietud fundamental que se solventa como un derecho humano básico, el acceso al líquido potable a todos los conglomerados del mundo. Y es que la humanidad inició su paso por el nuevo milenio con una verdadera crisis del acceso a este elemento indispensable para atender necesidades cotidianas de la población del orbe, que sobrepasa los seis mil millones de habitantes, y que después de 50 años alcanzarán los diez mil millones, con exigencias cada día más creciente de agua, para el desarrollo industrial-agrícola, para la alimentación de todos.
Por cierto, las reservas de agua dulce en el planeta son de apenas el 2,5%, divididas en varios segmentos: el 1,70% está ubicada en glaciares, amenazados siempre por efectos del cambio climático; de hielos permanentes 0,2%; las aguas subterráneas nos entregan un monto de 0,77%; y las superficiales provenientes de ríos y lagos, el 0,1%. La acuosidad del resto del globo terráqueo, del 97,5, corresponde a océanos y mares, que en caso de necesidad urgente del fluido vital representarán procesos muy costosos de desalinización. Tanto que en pocos países, especialmente desérticos y productores de hidrocarburos, se lo ha intentado, con relativo éxito.
De allí que la incentivación de un ejercicio bioético para el consumo del bien llamado ‘oro azul’, para ser implementado por todos los Estados de la ONU, es una necesidad sentida. No obstante, se requiere el cumplimiento de mandamientos destinados no solo a los ciudadanos -sensiblemente los afectados por su carencia, deficiencias e injusticia en su asignación y calidad-, sino también, obviamente al régimen nacional, a los gobiernos locales, pero sobre todo a los que entregan el servicio, sean firmas estatales privadas o mixtas. Estas obligaciones morales tienen varias aristas, entre otras, evitar la polución, inspirar la siembra de árboles y dar ahínco a la gestión.
En el caso nuestro, se han dado pasos notables para cumplir con los objetivos de la comunidad internacional, se ha promulgado la Ley de Aguas, enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional, que paulatinamente, en el medio rural, se aplica con efectividad. El logro que los ‘condestables del agua’ tengan los días contados en su ilegal negocio de explotar a la gente es notorio. Empero, lo que sucede en las grandes ciudades, donde comparten esa valiosa función social, municipios y entidades creadas por ellos y, en el caso de Guayaquil, una concesionaria extranjera, con actitudes de dudoso desenfado, genera cada día gran malestar.
En mi mesa de trabajo reposan denuncias, noticias de altercados en las propias oficinas de ese consorcio que permiten señalar asertos válidos en relación al manejo de esa empresa foránea. Reclamos por planillas de montos elevados, cobros por trabajos de saneamiento no realizados, suspensión del servicio en varios lugares de la urbe, la necedad de ejecutivos de no dar la cara al usuario con una impersonal forma de responder quejas por telefonía interna, son el pan de cada día y evidencian situaciones de rebelión en los abonados. La contaminación de una de sus fuentes -suceso ocultado por la prensa mercantilista- semanas atrás y el hecho de no tener conectadas a la red de alcantarillado a miles de familias que lanzan desechos al Estero Salado son sellos de ineficacia e ineficiencia. Es imprescindible que el Ministerio del Ambiente actúe. (O)