El 10 de diciembre de 1948 fue instituido por la ONU como el día de los DDHH, para establecer conciencia en la humanidad de su existencia, afirmación cierta, en la medida que la comunidad mundial no solo los difunda, sino que también los honre. En teoría, los países donde no hay vigencia y difusión de sus principios y preceptos básicos pueden transformarse paulatinamente en Estados fallidos, bajo observación de sus pares. El análisis en el concierto universal, por lo menos en referencia a abusos y vulneraciones de los DDHH fundamentales, denunciados y castigados, siempre han estado bajo la lupa de los fallos de Occidente, cuando el mundo está lleno de atropellos y abusos por parte de gobiernos y mandos precisamente de las llamadas sociedades libres. En Europa y EE.UU. actos de terrorismo y xenofobia, como se han expuesto en los medios de prensa con miles de imágenes y palabras, muestran la crueldad de sujetos que, a espaldas del pueblo, tratan de revivir antiguos dogmas nazis, bajo la excusa de la jihad. El éxodo de multitudes que vienen de África y del Medio Oriente, el drama humano de centenares de miles de mujeres, niños, ancianos, en fuga de guerras y su miseria, tras la luz de circunstancias presuntas, que el mundo desarrollado crea y publicita para ostentar dominio de sus sistemas se convierten en el imán convocatorio de quienes tienen ilusiones de aspirar a mejores días, convertidas luego en amargas y dolorosas pesadillas. La actual tragedia migratoria con miles de muertos, la persona humana humillada en vías y estaciones activas en agresiones e indiferencia, son crímenes de lesa humanidad cuyas dimensiones solo son comparables a los cometidos en el éxodo provocado en la Segunda Guerra Mundial, con la salvedad de que la actual sucede en la era del mayor desarrollo científico-tecnológico del orbe.
En Ecuador, existen aún segmentos de población racista, no son mayoría -creo yo-, pero generan actos de odio discriminatorio. La lucha contra la delincuencia común y organizada, algunas veces, posibilita excesos inaceptables, por parte de cuadros judiciales. De igual modo, en la educación se aplican sanciones inconcebibles en estos tiempos, a niños, por faltas que con certeza han sido un sueño de generaciones, un beso inocente a una compañera. O llamadas al 911, por presencia de personas de otro color al del morador del barrio exclusivo, para que patrullas policiales, sin el menor análisis, con diligencia: exijan identificación y cachear, ignorando el artículo 76 número 2 de la Carta fundamental, según el cual “se presume la inocencia de toda persona” o la Declaración y el Programa de Acción de Durban para eliminar toda forma de discriminación racial. En todo caso, los de ese pensar, siendo minoritarios, deben ser orientados en las normas de DDHH con acciones públicas y comunitarias. Respecto de adscritos y reparticiones republicanas, no se puede permitir, ni por error, que se cometan hechos racistas, por ello la difusión y el saber constitucional y de DDHH debe ser parte de actos policiales, judiciales, educativos, de agentes, funcionarios y dignatarios del Estado. Igual para empresarios de colegios e industriales donde reglas internas sobrepasan leyes orgánicas, la de la Niñez y Adolescencia, en el principio del “interés superior” o la legislación laboral en los objetivos de protección y bienestar para los obreros. Y obviamente la Carta Suprema. Fines que el pueblo ansía, que guían la acción del gobierno de Rafael Correa: el desarrollo económico y social, el acceso de todos los ciudadanos a los bienes y servicios de la sociedad. Tareas esenciales que realmente pueden perfeccionarse día a día propalando el goce de los DDHH garantizados ya en su ejecución en nuestro país, con obras y medidas tomadas por la Revolución Ciudadana. Reiterar así el prestigio de ser un Estado con una Constitución de derechos que se cumplen. Basado en esa realidad, Ecuador fue reelegido, por tercera vez, como miembro del Consejo de DDHH de la ONU, con los votos de 152 naciones luego de un proceso largo y arduo de cumplimiento y comunicación llevado con éxito por la Cancillería y su representante María Fernanda Espinosa que culminó el 28 de octubre pasado. Con su elección al Consejo de DDHH por la Asamblea General de la ONU, la patria nueva vuelve con sus dones a este vital organismo. (O)
