Hace años, desde que iniciaron los enlaces ciudadanos, algunos sectores se opusieron a la realización de rendición de cuentas, porque veían en los mismos el peligro de una conexión directa entre el mandatario y los mandantes. No es un lugar común eso del “mandatario” y el “mandante”. La cultura política ecuatoriana tradicionalmente ha hecho de la política el ejercicio del ocultamiento, del juego del poder y del manejo de la información táctica. Eso de la rendición de cuentas en el Ecuador siempre fue un proceso dilatado, sin pertinencia y solo emergente cuando se daban los escándalos políticos; bajo el juego de los medios de comunicación como tribunales de facto de una supuesta ética pública. Desde el inicio, quienes se opusieron a los enlaces han buscado desacreditar estos espacios porque los deja sin piso, sin capacidad de acción, sin capacidad de generar su propio discurso; pero sobre todo ha servido para romper ese monopolio fáctico de la informa enlace se destaparon como actores políticos definidos, posicionados, con lo que se terminó esa falsa creencia de que eran veraces, objetivos o peor aún eso de “imparciales”. Frente al enlace, no les quedó más que combatir políticamente. Esa dicotomía del amigo-enemigo se destapó con toda la fuerza. Quienes se han opuesto impulsaron ideas de que solo el consenso produce democracia: cosa totalmente falsa. De que disputar el campo de la opinión pública era un error ya que solo la prensa definida por ellos mismos como “independiente” era la columna vertebral de la democracia; algo así como lo que dicen algunos ex militares al decir que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la patria. Tantas columnas vertebrales, y este país por décadas anduvo mal, pésimo; hasta la banca se creía desde fines del siglo XIX la columna vertebral de la economía: ¡¿Y cómo nos ha ido con esos banqueros?! Que el enlace debe cambiar el formato, sus tiempos, etc., claro que sí. Pero no puede estar en discusión si debe continuar o no. Ya no es una decisión que quede en manos del Ejecutivo, sino que, por derecho de la ciudadanía, por deber constitucional, debe continuar. Es un deber del Ejecutivo informar semanalmente a la ciudadanía lo que hace; rendir cuentas; así de simple y complejo. Es un derecho de los ciudadanos, como manda la Constitución, como lo dice la Ley de Comunicación, de ser informados. La ciudadanía no puede quedar a merced del cerco mediático de ciertos medios de comunicación privados que son actores políticos. Si la política tiene en el disenso su núcleo vital; es necesario que el Gobierno cumpla con su responsabilidad, no solo con los que votaron por un proyecto político, sino con todos los ciudadanos; porque un gobierno es para todos ecuatorianos. En democracia la información-comunicación es un campo en permanente disputa que va desde los medios tradicionales hasta las redes sociales. Lo que está en disputa es la capacidad de producir, mediar, transmitir y acceder al ejercicio pleno de la palabra continua; sin falsos moralismos, sin prejuicios. Es deber de todos, más aún, de quienes se oponen al statu quo, no permitir que la disputa del poder, de la política, se reduzca a los noticieros, a los opinadores con teleprompter y maquillaje o a las desventuras de 140 caracteres del Twitter, el muro de los lamentos y difamaciones del Facebook -“millennials” o no-. Esto es una disputa política ciudadana, y el deber de rendir cuentas no es negociable. (O)