Si se pregunta a cualquier persona de buen sentido, cuál es la función de los abogados -dice Calamandrei- seguramente nos responderá que ésta consiste en hacer triunfar las pretensiones de su cliente. Así, se considera que el más “hábil” es quien viste al delito con ropajes de inocencia o embrolla los procesos ante los jueces civiles. No obstante, si creemos que los abogados solo están destinados a la defensa de intereses particulares, el interés público de la justicia resulta claramente traicionado.
“Demasiados abogados”, es el nombre de la obra publicada en 1920 por el profesor florentino Piero Calamandrei. En ella, se realiza un riguroso análisis de la decadencia moral e intelectual de la abogacía en Italia a inicios del S.XX, no obstante, y a pesar del tiempo transcurrido, la obra en mención parece calzar a la perfección en la actualidad.
Históricamente la abogacía ha sido concebida como una actividad al servicio del interés privado, sin embargo, la función del abogado en un Estado constitucional se eleva a un nivel superior y adquiere un carácter eminentemente público, pues en todo proceso se encuentra en juego el respeto a la voluntad general manifestada a través de la ley. En este contexto, jamás el interés privado puede superponerse a la determinado en la ley a través de engaños o artimañas. Solo así se concilian ambos intereses.
Sin embargo ¿qué sucede cuando en una sociedad proliferan abogados que a fin de “destacar” entre sus colegas y ganar clientes no temen en mentir descaradamente o incurrir en prácticas poco éticas? o, lo que es peor, ¿qué sucede cuando la sociedad tiene que tolerar abogados que, sin tener la formación necesaria ni el compromiso ético acceden, gracias a contactos, a judicaturas o cargos relacionados con la administración de justicia
Como bien refiere Calamandrei, dos son los problemas de la masificación de la profesión de la abogacía: a) la decadencia moral de la profesión; y, b) la decadencia intelectual de jueces y abogados
Sobre la decadencia moral, podríamos escribir tratados enteros. No es para nadie desconocido que, gracias a la perniciosa labor de algunos, la mala fama acompañe al abogado. Calamandrei explica este fenómeno desde la perspectiva de la necesidad: en una sociedad donde proliferan profesionales del Derecho, el decaimiento de la condición económica obliga a que algunos, con el afán de ganar al cliente, ofrezcan lo que otros desde su ética y corrección no van a ofrecer. El problema de esto es que aquellos con su despreciable accionar, corrompen al sistema de justicia y cierran la posibilidad de que los demás puedan acceder de una manera honesta y oportuna al mismo. Con ello, fraudulentamente monopolizan el ejercicio de la profesión. De ahí que no sea de extrañar que, en tiempos como los actuales, no siempre gane el mejor sino el más astuto.
Sobre la decadencia intelectual, hay que apuntar directamente a la formación de los profesionales del Derecho. A diferencia de lo que señalaba Calamandrei en su época,
hoy por hoy, la gran mayoría de abogados cuenta con títulos de cuarto nivel. No obstante, en algunos casos pareciese que las Facultades y Escuelas de Derecho, jamás hubiesen pasado por ellos. ¿A qué se debe este fenómeno? curiosamente, vivimos una década en la que se impuso un modelo de educación superior que descuida a la educación de pregrado y obliga a la obtención de posgrados como sinónimo de suceso. Así, el título de abogado es apenas un primer paso que no garantiza en forma alguna el acceso al ámbito laboral. De ahí que, si se desea entrar a competir en el mismo, la obtención de una maestría se torna indispensable. El problema, en este escenario, radica en que el abogado no accede a una maestría para especializarse, sino que lo hace por mero trámite. Esto explica el por qué tenemos profesionales con un sinnúmero de posgrados, pero con el conocimiento de un alumno de primeros semestres de pregrado.
En este sentido ¿cuáles deben ser las soluciones a estos problemas? Hoy más que nunca es necesario repensar nuestro sistema de educación, implementar un examen de acceso a la profesión, evaluar de forma integral e imparcial a jueces y fiscales, fortalecer el foro y los colegios profesionales. Las soluciones están frente a nosotros, sin embargo, nos falta valentía y compromiso para implementarlas.
Jueces que ganan concursos sin haber contado con el titulo correspondiente, abogados que incidentan causas descaradamente para satisfacer los protervos intereses de sus clientes, procesos kafkianos donde el interés particular se impone ante la ley, tribunales de alzada que en lugar de corregir errores los agravan… como nunca ha quedado evidenciada la decadencia moral e intelectual, no solo de nuestro sistema de justicia sino de toda la esfera jurídica. Al igual que Bagot en 1912, podemos decir que Ecuador está lleno de jueces, abogados y leyes, pero desgraciadamente, de muy poca justicia.