Un juez federal que ha ganado notoriedad, como en una telenovela, apresando mafiosos, falló a favor de la transnacional Chevron Texaco, la semana pasada en los Estados Unidos.
Lewis Kaplan, juez superior de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, consideró que la sentencia impuesta por la Corte de Sucumbíos en 2011 y ratificada en todas las instancias contra Chevron, debido a los daños sociales y ambientales ocasionados en su operación en Ecuador, se logró por medio de una supuesta conspiración y el contubernio de abogados corruptos.
Recordemos que era un contencioso entre los pobladores afectados y una transnacional heredera de los activos y pasivos de Texaco. Esta empresa evitó en forma sistemática la justicia norteamericana, por considerar que la contaminación y los pasivos sociales valen menos en los países del Sur que en los países del Norte. En un histórico fallo la justicia ecuatoriana le condenó a pagar $ 9.500 millones de indemnización por contaminación y compensación.
Chevron tiene una gran influencia y poder, sobre todo económico. El poderoso lobby internacional de la empresa se ha concretado en el financiamiento de campañas políticas en Estados Unidos, donación de recursos monetarios a ONG ambientalistas, elusión de responsabilidades tributarias mediante el uso de paraísos fiscales –a decir de un estudio de Tax Justice Network-, abuso de recurso judicial al usar un tratado bilateral de inversión que ni siquiera entraba en vigencia, acciones para deslegitimar al Estado, pedidos constantes al Congreso y al Senado norteamericanos de excluir al Ecuador del sistema de preferencias arancelarias, como una retaliación en un juicio de privados.
Ahora se trata de evitar a toda costa un fallo en contra de una de las más grandes empresas extractivistas del mundo. No se trata de un problema de competencia de jueces (el federal de New York o el Superior de Nueva Loja). Se trata de un caso de acatamiento del derecho. Incluso, se trata de algo mucho más grave: un juez federal norteamericano no puede desconocer una sentencia de un juez superior ecuatoriano. Esto no puede ser admitido. Se debe tener una respuesta frente al ataque a la soberanía perpetrado por una transnacional que se vale de un juez de Manhattan.
En esta situación, ¿existe algún tribunal en el mundo que pueda dictar justicia en contra de un juez federal norteamericano? Tan improbable como que antes del inicio de la era cristiana un pueblo egipcio pida justicia contra un magistrado romano.
Este es el orden del capital actual. En este punto, cabe la frase de Aristóteles: “La virtud social por excelencia es la justicia, y todas las demás vienen necesariamente después de ella, como consecuencia. Nada hay más monstruoso que la injusticia…”.
