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El Telégrafo
Erika Sylva Charvet

Cada ladrón juzga por su condición

31 de mayo de 2016

Una periodista calificó como ‘cuento nacional’ al proyecto de dinero electrónico (SDE) impulsado por el BCE, insinuando que si este fuese manejado por el sector privado -como en todos los países del mundo-, la ‘tranquilidad y la paz’ ambientaría el reino de las ‘ovejas’. Pero como en Ecuador está en manos del ‘lobo’, las amenazas se ciernen sobre ese mundo idílico, alegoría que es el eje del discurso de la banca y sus acólitos en la batalla actual entre el Estado y el mercado en torno al dinero electrónico.

Los banqueros impugnan el rol del Estado exigiéndole facultades para administrar el SDE. Su propuesta habría planteado la conformación de un monopolio entre los mayores banco y operadora del país y la liberación de tarifas y condiciones, lo cual implicaba orientar hacia el lucro el proyecto y mantener el mismo esquema elitista actual que ha excluido del acceso a la banca al 40% de la población ecuatoriana, trazando el verdadero cuadro del ‘mundo idílico’ en el que viven las ‘ovejas’.  

Por el contrario, para el ‘lobo’, el SDE es sin fines de lucro, orientado a la inclusión de excluidos(as) del acceso financiero, especialmente rurales, y constituye una estrategia para la recuperación de la liquidez frente al déficit externo, además de reducir la evasión fiscal, mermar los altos costos anuales de renovación del dinero ($ 3 millones) y aprovechar las ventajas reconocidas por su utilización (más ecológico, higiénico, eficiente, etc.), por lo que la gestión del SDE es ‘privativa del Estado’ y no negociable.

No parecen peligrosos estos objetivos para las ‘ovejas’. De ahí que banqueros y acólitos se hayan dedicado a construir la amenaza imaginada del ‘lobo’ para descalificar al SDE. Además de pintar al Estado como ‘irresponsable’ por su política de inversión y de confundir el lento aumento de cuentas con ‘desconfianza’ -desconfianza que más bien se expresa hacia la banca con la brecha de bancarización por la traumática experiencia de 1999, según un estudio del OEL (2015)-, este discurso abiertamente insinúa un manejo fraudulento del SDE por parte del Estado.

No otra cosa se sugiere cuando se duda de su ‘respaldo’, o se dice que “con las necesidades de financiamiento van a utilizarlo para otro propósito”, o que el BCE va a hacer ‘emisiones inorgánicas’ -confundiendo ‘gestión’ con ‘emisión’-, o que “no pueden estar seguros de que se realicen copias del dinero enviado electrónicamente…”, última afirmación hecha por el propio presidente de la ABPE, que tiene gravísimas implicaciones para la propia banca.

Porque si éticamente esto es absolutamente inadmisible, pero técnicamente es posible, cabe preguntarse: ¿Por qué ella, que maneja dinero virtual desde hace décadas a través de tarjetas de crédito, débito, transferencias electrónicas, siembra estas dudas? ¿Acaso ella ha hecho ‘copias’ del dinero virtual que maneja? Si cada ladrón juzga por su condición, la proyección de ese Estado mafioso, de ese ‘lobo’ amenazante imaginado por los banqueros y sus acólitos, se vuelve contra sí mismos. (O)

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