Nos viene bien el título de la novela de Malcolm Lowry para definir el momento que vivimos actualmente en el Ecuador y especialmente en el centro del país. Al igual que hace treinta años, cuando se reactivaron las fumarolas del Cotopaxi, junto con el tremor volcánico se ha iniciado un tremor social, que está hecho de justificado miedo y de ansias colectivas de conocimiento frente a las incontrolables fuerzas de la naturaleza.
En los años ochenta, esa preocupación social se reflejó, entre otras cosas, en una espiral de ventas apresuradas de bienes raíces que hacían los propietarios de bienes ubicados en la zona de posibles flujos volcánicos. Ello fue especialmente notorio en el quiteño valle de Los Chillos, donde hábiles especuladores de tierras fomentaron el temor social para sacar provecho en sus negocios. Y también en el cercano valle de Cumbayá-Tumbaco, donde se disparó la especulación con las tierras urbanizables y crecieron los proyectos urbanísticos hasta límites insospechados.
Ahora, una treintena de años después, el fenómeno se repite, pero con mayor agudeza, pues esta vez se ha extendido al extenso y feraz valle de Latacunga e incluso a la ciudad del mismo nombre. De pronto, ante el peligro, la ciudad ha descubierto que existían en ella ciertas urbanizaciones construidas en zonas de peligro por urbanistas codiciosos, al igual que construcciones antitécnicas hechas por gentes del común.
El resultado de todo ello es una creciente alarma social, que las autoridades logran contener a duras penas. Y lo peor del asunto es que el problema puede ser enfrentado con medidas razonables, que logren paliar los efectos de la catástrofe social que causaría una erupción del Cotopaxi, pero todos sabemos que, en esencia, no puede ser resuelto del todo, pues ni la más alta tecnología humana puede enfrentar a las fuerzas desatadas de la naturaleza.
A partir de esta constatación, debemos esforzarnos en resolver los problemas creados por el hombre alrededor de este escenario natural. Esto implica sacar de antemano a la gente que habita en los lugares de mayor riesgo, determinar zonas de refugio y protección ante el peligro de los lahares y crear un amplio y eficiente sistema de alerta temprana, que debe ser probado en vivo una y otra vez hasta que estemos seguros de su eficacia.
Por suerte, hay un gobierno responsable, que está manejando con prisa pero sin escándalo el tema de las prevenciones. Ojalá la ciudadanía asuma también su parte en la tarea preventiva. Y eso implica varias responsabilidades: no causar alarma social con afirmaciones gratuitas y no sustentadas; atender las recomendaciones de la Secretaría de Riesgos; tomar precauciones básicas para el evento de una erupción; estar siempre atento a los noticieros de radio y televisión, y evitar interrupciones de los servicios públicos.
Yo agregaría una tarea más para la ciudadanía: no hacer caso de todas las afirmaciones y especulaciones gratuitas que circulan por las redes sociales, las que integran un peligroso correveidile, de incalculables consecuencias. (O)