Martes, 27 Septiembre 2016 00:00 Justicia

Museo de la Memoria se instalará en el antiguo cuartel del SIC-10

Autoridades de la Defensoría del Pueblo trabajan con familiares y víctimas de casos de lesa humanidad.
Autoridades de la Defensoría del Pueblo trabajan con familiares y víctimas de casos de lesa humanidad. Fotos: John Guevara / El Telégrafo

La construcción del espacio cultural es simbólica, puesto que allí se cometieron violaciones a los derechos humanos, según la Comisión de la Verdad.

Redacción Justicia

“Quiero a mi hija viva, palpitante y rebelde”, dijo Gladys Montaluisa, madre de Janeth Almeida, exmilitante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). Su hija, de 19 años, fue presuntamente ejecutada extrajudicialmente por miembros de la Policía Nacional en 1986.

Montaluisa compartió su testimonio en el Encuentro Internacional sobre la Creación de Espacios de memoria, que organizó la Defensoría del Pueblo, en Quito.

Janeth Almeida es una de las víctimas directas de los supuestos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el período 1984-1988.  

Según el informe de la Comisión de la Verdad, Almeida recibió 11 impactos de bala a corta distancia. Su madre lucha para que los responsables de su muerte sean sentenciados. Pero su demanda gira en torno a la memoria de las otras víctimas y de sus familiares.

Es necesario que en el país se generen otros procesos de cómo se relata la historia a las nuevas generaciones, para conocer con nombres y apellidos a los perpetradores.

Aunque admitió: “Ni el diamante más caro del mundo me devolverá a mi hija”.   

Un proyecto contra el olvido

Durante el encuentro, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Cultura, víctimas y familiares trabajaron en la creación del Museo de la Memoria.     

La construcción de este espacio surge en 2013, luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Víctimas. En la norma se especifica que el Ministerio de Cultura será el encargado de plasmar el diseño conceptual y arquitectónico.

La infraestructura se levantará en   el antiguo Regimiento de Policía Quito, llamado Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), ubicado en las calles Esmeraldas y Pichincha.

En este sitio, según el informe de la Comisión de la Verdad, agentes policiales torturaron y cometieron ejecuciones extrajudiciales, como fue el caso de Andrés y Santiago Restrepo (1985).

Son 1.015 metros cuadrados destinados a la construcción del Museo de la Memoria. El Ministerio del Interior donó este espacio para el proyecto.

Yolanda Galarza, coordinadora del Programa de Reparación de Víctimas, explicó que se trata de una entrega simbólica, ya que ahí se perpetraron violaciones a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas sugieren que el museo sea un sitio de recuperación de la memoria. En el informe de la Comisión de la Verdad constan 456 casos de violación de los derechos humanos.

Karen Solórzano, directora de Procesos de la Memoria del Ministerio de Cultura, recalcó que los contenidos que se presentarán en el museo serán el reflejo del pensamiento de las víctimas.

Además, se le dará un enfoque contemporáneo. “Este es un museo pensado en las víctimas y a la vez será un sitio que recordará a la ciudadanía que nunca más pueden repetirse estos hechos”, explicó Solórzano.

La funcionaria señaló que contará con actividades pedagógicas con el fin de motivar a la ciudadanía a participar y conocer el lugar. Por el momento, no hay una fecha establecida para la construcción del centro.

Andrés Casierra, oriundo de Atacames (Esmeraldas), recordó que el 8 de diciembre de 1999, en el período presidencial de Jamil Mahuad, él y sus hermanos fueron atacados por la guardia marina de esa ciudad, mientras cumplían sus faenas de pesca artesanal. Como consecuencia de este operativo falleció su hermano menor Andrés.

La familia Casierra, en 2000, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar el hecho. También lo pusieron en conocimiento de la Comisión de la Verdad. Ahora el proceso está en etapa de investigación previa.

Para Casierra, el Museo de la Memoria significará romper el silencio de 16 años de impunidad, pero considera que es necesario que esta idea se plasme en el país, sobre todo en provincias donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. (I)

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