Lunes, 11 Septiembre 2017 00:00 Justicia

El sistema judicial filipino colapsa por plan antidrogas

Las fuerzas del orden de Filipinas arremeten contra los traficantes, avalados por el plan antidrogas.
Las fuerzas del orden de Filipinas arremeten contra los traficantes, avalados por el plan antidrogas. Foto: iO.wp.com

Desde junio del año pasado fueron detenidas 96.700 personas, revela un portavoz de la presidencia.

AFP

Manuel Cerna está acusado de asesinato y lleva 15 años en una cárcel filipina sin una condena. En un país donde los casos judiciales son interminables, la guerra antidroga ha   saturado los tribunales.

El sistema judicial del archipiélago, muy lento y con escasos medios, se enfrenta a un “aluvión” de nuevos casos desde que el presidente, Rodrigo Duterte, lanzara una campaña contra la droga tras su llegada al poder, en junio de 2016.

Cerna -seudónimo por razones legales- estuvo a punto de morir de tuberculosis en una de las cárceles más hacinadas de Filipinas. El tiempo que pasó en detención preventiva se acerca a la pena mínima a la que podría ser condenado. Y el suyo no es un caso aislado.

“Estoy deprimido. Algunos aquí se han suicidado porque sus mujeres los dejaron. Perdieron toda esperanza de libertad”, explica en una prisión de Manila, rodeada de alambre de espino oxidado y de la que se desprende un olor nauseabundo.

Estos presos, apodados los “decenales” por los diez años pasados entre rejas sin haber sido juzgados, son un síntoma de un sistema judicial deficiente que ha contribuido a la elección de Duterte.

El presidente ganó las elecciones con un programa que prometía una justicia expeditiva y la eliminación de miles de presuntos delincuentes.

De hecho, desde que preside el país, la Policía ha matado a miles de personas con redadas en los barrios pobres en busca de narcotraficantes y de presuntos toxicómanos. Los defensores de los derechos humanos dan la voz de alarma y denuncian una oleada de asesinatos extrajudiciales.

Además, 96.700 personas fueron detenidas desde junio de 2016, según un portavoz de la presidencia. Esto aumenta la presión sobre las cárceles, con un nivel de ocupación seis veces superior a lo normal.

Los acusados esperan meses entre las audiencias, que se postergan porque el juez está enfermo, el fiscal está ausente o el abogado está ocupado con otro asunto.

La trama judicial vuelve a cero

A veces, el caso se confía a un nuevo magistrado y todo se vuelve a cero. Lo mismo ocurre cuando los abogados cambian de profesión sin notificarlo.

“Un aluvión está hundiendo el sistema judicial. Y paralelamente no hay un aumento del número de tribunales, de jueces, de fiscales o de abogados de oficio”, afirma Raymund Narag, profesor de la Southern Illinois University, en Estados Unidos. “Para los filipinos, los asesinatos extrajudiciales están justificados por el fracaso del sistema penal. Se ha convertido en un círculo vicioso”.

En promedio, un juicio dura entre seis y 10 años, explica José Manuel Diokno, abogado y defensor de los derechos humanos.

Una misión del Tribunal Supremo (TS), encargada de investigar la congestión del sistema carcelario, concluyó en 2016 que un “inocente permanece al menos cinco años detenido antes de ser absuelto”.

Uno de los principales problemas es la falta de medios. Solo hay 2.600 cortes para 100 millones de filipinos, declara Midas Márquez, administrador del TS.

Por la penuria de jueces el 30% de estos tribunales está desierto. Sus colegas tratan en ocasiones 5.000 dosieres al mismo tiempo, añade Márquez.

Últimamente el Tribunal Supremo ha intentado remediarlo informatizando los archivos y estableciendo un sistema que fija fechas para las audiencias.

Reclutamiento de fiscales

Necesitamos soluciones institucionales -como más tribunales y financiación para que funcionen-, lo que requiere apoyo del Ejecutivo y del Congreso”, añade Márquez.

Antonio Kho, responsable del Ministerio de Justicia, responde que el Gobierno está acelerando el procedimiento de reclutamiento de los fiscales y de mejora de la formación del personal.

Duterte, abogado de 72 años, también prometió más fondos para la justicia en 2018, pero muchas de sus declaraciones no apuntan a una mejora del sistema carcelario.

Sin embargo, su plan antidrogas, vigente durante más de un año, no ha solucionado el problema de los alcaloides en el país, pero sí ha generado la muerte de 12.000 personas a manos de una fuerza policial que actúa fuera de la ley, sostiene Amnistía Internacional Asiático.

Cerna se declara inocente y se siente impotente viendo cómo la vida se le escapa de las manos. “Cuando mi madre murió quedé hundido. Quería gritar. Pero lo único que pude hacer fue llorar”. (I)

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