Martes, 24 Enero 2017 00:00 Política

El bloque pidió a la fiscalía investigar el caso

Mauro T. contravino 2 leyes, según los 9 ediles de PAIS

Los concejales Carlos Páez y Anabel Hermosa a su llegada, ayer, a la Fiscalía para pedir al organismo que investigue la relación de Mauro T. con el Municipio.
Los concejales Carlos Páez y Anabel Hermosa a su llegada, ayer, a la Fiscalía para pedir al organismo que investigue la relación de Mauro T. con el Municipio. Foto: Fernando Sandoval / EL TELÉGRAFO

Las intervenciones del asesor del Alcalde de Quito van en contra de la Constitución y el Cootad.

Redacción Ciudadanía

Las actuaciones de Mauro T. en el Municipio de Quito contravienen disposiciones constitucionales y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), según el bloque de concejales de Alianza PAIS (AP).

Luisa Maldonado, integrante de la bancada, señala que el hecho de que el personaje haya cumplido funciones por delegación del alcalde Mauricio Rodas es grave incluso para la ciudad.

“Si la ley dice que este señor sí tenía relación con el Municipio, entonces habrá que pagarle porque los derechos laborales son irrenunciables. Este señor trabajaba para el Municipio, pero nunca se le contrató, no está afiliado. Entonces, la ciudad está en deuda”.

La edil recuerda que el numeral 17 del artículo 66 de la Constitución establece que “nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo en los casos que lo determine la ley”.

El Alcalde ha señalado que Mauro T., detenido por presunta defraudación tributaria, lo asesoraba en materia política y estratégica y no tenía vinculación formal con el Cabildo.

Los ediles de AP recuerdan que el artículo 359 del Cootad determina que los asesores están dentro del grupo de funcionarios de libre remoción en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Dicho numeral establece: “(...) El procurador síndico, el tesorero, los asesores y los directores de los gobiernos regional, provincial, metropolitano y municipal, son funcionarios de libre nombramiento y remoción designados por la máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de gobierno (en este caso el Alcalde y la Alcaldía)”.

Maldonado añade que no pueden encomendarse tareas importantes a cualquier persona. Y recuerda que el artículo 229 de la Constitución plantea que “serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”.

Y ello ocurrió a pesar de la falta de un nombramiento o contrato con el personaje cercano al Alcalde capitalino, quien está detenido por supuesta defraudación tributaria. Rodas ha repetido que su ‘asesor externo’ no cumplió actividades administrativas, ni tomó decisiones ni distribuyó recursos municipales.

Sin embargo, los concejales de PAIS y algunos independientes señalan que mantuvieron reuniones con Mauro T. en las que se discutieron temas relacionados con proyectos de la ciudad.

La propia Maldonado apunta que  negoció con él y la exsecretaria del Concejo, María Elisa Holmes (hoy aspirante a asambleísta por CREO), en el hall del Municipio, la inclusión de la ordenanza sobre regularización de barrios aprobada hace poco en una sesión del legislativo local.

“(Los concejales) actuamos con total confianza, pensando que tenía un contrato, un nombramiento. A quién se le ocurre pensar lo contrario. Por eso con toda la confianza nos sentábamos a conversar, chateábamos con ese señor”.

Los miembros del bloque de AP afirman conocer que incluso coordinó la agenda de la Sesión Solemne por la Fundación de Quito para el pasado 6 de diciembre.

“Aquí estuvo con el secretario actual de la administración pública, Christian Castillo, y la secretaria de la política, Paola Pabón. (...) Y se dice que no ha tratado temas importantes de la ciudad”, dijo Maldonado en sesión extraordinaria del Concejo del jueves pasado.

Carlos Páez (AP) recordó ayer que el gerente de la empresa municipal Metro de Quito, Mauricio Anderson, reconoció el jueves que el acusado (de no pagar impuestos) intervino en una reunión donde se trató el tema del financiamiento del proyecto de movilidad.

Mauro T. debatía sobre proyectos

Las afirmaciones de los políticos coinciden con las que han realizado habitantes de distintos sectores de la ciudad, quienes dicen que Mauro T. se reunía con ellos y lo hacía en nombre del Alcalde.

Ese es el caso de los habitantes de la urbanización El Condado (al noroccidente de la ciudad), quienes se oponen a la construcción de la primera línea del subsistema de transporte a bordo de teleféricos (Quitocables).

Lothar Ranft, uno de ellos, aseguró el viernes anterior en una entrevista en Teleamazonas que el identificado como asesor estratégico del Alcalde estuvo en una reunión informativa pedida por los moradores “y la presidió”.

Ranft añadió: “En esa reunión se decidió que el señor Mauro T. me iba a enviar a mí los estudios de los Quitocables”.

El representante de la urbanización privada presentó un correo electrónico que el secretario metropolitano de Movilidad, Darío Tapia, envió al asesor externo para que este le hiciera llegar los estudios.

En tanto que María del Carmen Calderón, también moradora de El Condado y asesora política de los habitantes, contradijo las declaraciones de Rodas respecto a que las actuaciones de su amigo no están prohibidas por la ley.

“En derecho público no se puede hacer lo que no está prohibido por la ley, sino lo que está permitido por la ley. Y no está permitido que un asesor personal ejerza funciones administrativo-políticas frente a la comunidad”.

Recordó, además, la denuncia de la exvicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, respecto a que Mauro T. se reunió con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para hablar sobre la participación de la entidad en el proyecto Quitocables. “Esto en una fase precontractual del proyecto Quitocables. Eso es un acto administrativo”.

Los moradores del barrio Bolaños (oriente de Quito) aseguran también haberse reunido con el personaje para hablar sobre el proyecto Solución Vial Guayasamín. Como prueba de ello circula en redes sociales un video realizado con un celular sobre una reunión efectuada en la casa comunal del sector.

En las imágenes se observa a 3 vecinos de la zona integrando una mesa directiva y a Mauro T. junto a ellos actuando en representación de la Alcaldía. “Ha habido mucha desinformación, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. (...) Entonces el señor Alcalde quisiera ver si en algún momento se puede tener una reunión con ustedes”, se oye decir al personaje.

Ayer los concejales de PAIS fueron a la Fiscalía General del Estado para presentar una petición al organismo para que investigue la relación del asesor externo con el Municipio y los alcances de las actividades que habría desarrollado a nombre del Cabildo.

Los ediles cuestionaron si Mauro T. realizaba actividades por delegación directa del Alcalde o si él las asumía por su cuenta.

Anabel Hermosa dijo que de ser ese el caso puede pensarse en que el allegado al alcalde Rodas incurrió en arrogación de funciones, delito que el Código Penal castiga con pena de 1 a 3 años de prisión. (I)

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Gasoducto de $ 7.000 millones

Perú terminó una concesión dada a Odebrecht

Perú resolvió terminar la concesión de un gasoducto valorado en $ 7.000 millones, que había entregado a un consorcio que lideraba la brasileña Odebrecht, empresa que admitió el pago de sobornos, informó ayer el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

“El proyecto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional (...). No han sido capaces de llevar adelante un proyecto porque el sistema financiero no cree en ellos”, dijo el Ministro.

El consorcio integrado por Odebrecht, la española Enagas y la local Graña y Montero, ya había adelantado que era inminente que perdiera el contrato. Necesitaba un préstamo de unos $ 4.000 millones. La situación se complicó tras el escándalo de corrupción en que se vio envuelta la brasileña.

Entre tanto, un tribunal peruano dictó prisión preventiva durante 18 meses contra el exfuncionario Edwin Luyo, el primer detenido en la investigación por la entrega de sobornos de la firma brasileña a cambio de contratos.

El juez de la causa consideró que había motivos para apoyar el pedido de la Fiscalía, que imputa a Luyo la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de dinero. (I)

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