A la Pascuales-Cuenca le cayó las ‘100 plagas’

- 02 de octubre de 2017 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

Venció el plazo de 30 días que dio el Gobierno para que Odebrecht corrija problemas detectados en la edificación del poliducto. Se deberán ejecutar las garantías por $ 60 millones para remediar y terminar una obra que hace dos años debió ser entregada definitivamente y que le terminó costando al país el doble. Exdirectivos de la estatal petrolera y de la empresa brasileña afrontan ahora procesos legales por corrupción.

Dos años de retraso cumplió la entrega definitiva del Poliducto Pascuales-Cuenca, cuyo valor referencial fue de $ 272 millones, pero que le ha terminado costando al erario nacional más del doble.

El viernes pasado, además, venció el plazo que le dio el Gobierno a la empresa brasileña Odebrecht para corregir las fallas. Por ello, correspondería ejecutar el cobro de la garantía por $60 millones, para que el Estado asuma los costos de la remediación y terminar el proyecto con otras empresas. La causal para la terminación unilateral del contrato sería el incumplimiento de las observaciones realizadas durante la etapa de entrega provisional.

Incluso han pasado 1.445 días desde la firma del contrato entre Petroecuador y Odebrecht y la obra no está totalmente lista. Más bien la agobian las observaciones (más de 100) y de ello da fe un informe del Ministerio de Hidrocarburos (ver infografía) y un examen de la Contraloría respecto al diseño efectuado por la compañía Caminosca.

A esto se suma que hoy se cumplen cuatro meses de la detención de Ramiro C., exgerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador, y cinco personas más por corrupción con Odebrecht: recibió sobornos por $202.000 por el contrato para la obra Poliducto Pascuales-Cuenca.

En cambio, el 17 de octubre se cumplen cuatro años de la firma del contrato llevada a cabo en Guayaquil: Ramiro C. como representante de Petroecuador y Mauricio Grossi Nieves y Claudemir Simoesdos Passos como apoderados de Odebrecht, quienes ahora están vinculados con las investigaciones por el delito de asociación ilícita.

¿Quiénes autorizaron el contrato?

El 23 de septiembre de 2013, el Directorio de Petroecuador autorizó la suscripción del contrato. Estuvo integrado por: el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Pedro Merizalde, quien la presidía; el secretario Nacional de Planificación o su delegado permanente (Gustavo Bedón); y un miembro designado por el expresidente Rafael Correa: en este caso Jorge Glas, según consta en el Decreto Ejecutivo 315.

La Comisión Técnica designada en 2013 por autoridades de Petroecuador resolvió descartar a tres empresas que presentaron ofertas económicas: Consorcio Internacional PPC, por $379’768.409,67;  Sinopec Petroleum, $485’910.699,24; ICC-Conkor, $429’687.718,66. Las descartaron por la supuesta falta de presentación de documentos.

 Recomendaron aceptar la oferta de Odebrecht por $369’961.912,66. De ello se encargó la Comisión Técnica integrada por: Vinicio Salvador Amores (presidente), los miembros Marcelo Zabala Morocho y Carlos Ramírez Cárdenas; Pedro Baque Espinoza, delegado del Directorio Financiero; y, Christian García Morales, delegado de la Procuraduría.

Lo barato salió caro

La obra, según el Ministerio de Hidrocarburos, bordea los $623 millones, incluido el reajuste de precios.

A decir del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, se ha convertido en una megaobra desbordada en costos, retrasos y conflictos.

Deficiencias en el diseño del proyecto, aumento de obras y temas de financiamiento contribuyeron para el retraso y su encarecimiento.

Pérez, tras la visita que realizó el 30 de agosto pasado a la planta, dijo que se han detectado alrededor de 100 problemas (ver infografía).

Las inconsistencias en este proyecto iniciaron con los estudios de ingeniería básica y de detalle para su implementación, a cargo de Caminosca (hoy Cardno-Caminosca). Contra esta consultora, en 2015, Petroecuador entabló un juicio en lo Contencioso Administrativo por daños y perjuicios: reclama una indemnización por $150 millones.

Mientras, el examen de la Contraloría determinó que en el Poliducto Pascuales-Cuenca hay falencias técnicas en los diseños del proyecto (ver caja de datos).

La auditoría de la Contraloría (de 33 páginas) fue presentada el 18 de agosto pasado por César Corrales, director de Auditoría de Proyectos y Ambientales. Emitió responsabilidades en contra de Caminosca. Así consta en el ‘Examen especial de ingeniería a la aplicación en la ejecución del proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca de los estudios y diseños elaborados en función del contrato suscrito entre la Empresa Estatal de Comercialización y Transporte de Petróleos del Ecuador, Petrocomercial, filial de Petroecuador, y la firma Caminosca (CAM), a cargo, por el período comprendido entre el 9 de noviembre de 2013 y el 28 de febrero de 2017’.

Se previno que de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter de obligatorio, pero no se cumplieron.

Las personas relacionadas con el examen son: subgerente encargado de Proyectos; presidente ejecutivo de Caminosca; representante legal de Odebrecht;_el gerente general de Petroecuador y otros gerentes.

Y es que debido a la inaplicabilidad de esos diseños, Petroecuador debió destinar $126’556.322,18 para obras adicionales, con el fin de tratar de ejecutar adecuadamente el proyecto, según señala la auditoría.

Miguel Ángel Alemán, presidente ejecutivo de Cardno-Caminosca, en  agosto pasado, en un resumen de los descargos presentados sobre este tema, señaló a la prensa que la demanda presentada por Petroecuador, representada entonces por Carlos P.Y. (detenido por corrupción), “tiene como objetivo justificar el sobreprecio de Odebrecht”. Dijo que a la empresa le tomó más de un año recabar información para preparar los justificativos y dar respuesta a cada reclamo o argumento de Odebrecht y Egis en los que se basa la demanda de EP Petroecuador.

La segunda referida es la compañía francesa Egis International, contratada en febrero de 2014 para fiscalizar la obra y que adicionalmente efectuó estudios complementarios geotécnicos en las zonas que comprenden el proyecto, para garantizar la seguridad de las instalaciones y del poliducto.

Alemán dice que, durante la fase de construcción, “en ningún momento llamaron a Caminosca a responder por algún problema que el constructor haya tenido”. Recuerda que el 25 de septiembre de 2013 la empresa firmó con Petroecuador la terminación anticipada del contrato, con la cual la petrolera aceptó los diseños a satisfacción y renunció a cualquier reclamo posterior.

Indicó que después Petroecuador contrató a Odebrecht para construir y a Egis para fiscalizar, por un monto contractual tres veces mayor. “A Caminosca la quieren usar como pantalla para justificar sobreprecios. Esto está demostrado”, dijo.

Con Egis también hay inconvenientes. A julio de 2017, el avance físico del proyecto era 98,5%, con 23 procesos pendientes en su ejecución, entre ellos un listado de trabajos a cargo de la fiscalización. Por ello, Petroecuador dijo que no procederá a la recepción definitiva del contrato hasta que se cumplan todas las obligaciones. Propuso terminar el contrato con Egis, según reportó en la ficha informativa del proyecto que maneja en su web.

 Petroecuador declaró que estaba analizando esa decisión debido a que la fiscalización no ha entregado los reportes finales del proyecto que consta como obligación de Egis, según estipula el contrato.

Informe especial de la Contraloría

- La Contraloría realizó el ‘Examen especial de ingeniería a la aplicación en la ejecución del proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca de los estudios y diseños elaborados en función del contrato suscrito entre Petrocomercial, filial de Petroecuador, y la firma Caminosca (CAM), a cargo, por el período comprendido entre el 9 de noviembre de 2013 y el 28 de febrero de 2017’.

- El monto analizado fue de $ 126’556.322,18, que corresponden a la diferencia entre las cantidades contractuales y las ejecutadas mediante rubros nuevos y diferencia de cantidades en el contrato suscrito el 17 de octubre de 2013. La Contraloría determinó que sí hubo gastos extras distribuidos así: $ 41,2 millones por deficiencias técnicas de diseño, $ 10,6 millones por actividades orientadas a cumplir con normas técnicas y de seguridad, $ 72,7 millones por subvaloración de cantidades de obra y $ 1,8 por contratación de estudios geotécnicos que supuestamente iba a garantizar la seguridad del poliducto.

Auditoría detectó anomalías técnicas como:

- Indefiniciones de ingeniería Base del Proyecto impidieron alcanzar un desarrollo adecuado para ser considerado una ingeniería de detalle.

- No existía una simulación hidráulica rigurosa del ducto, tanto en régimen dinámico como en régimen estacionario.

- Incumplimiento en lo que respecta al distanciamiento entre válvulas de bloqueo y la inclusión de válvulas de retención.

- No existen válvulas de venteo imprescindibles en el caso de una reparación de un tramo o de requerir una liberación por temas operativos.

- El trazado proyectado del ducto atraviesa sitios de extrema complejidad constructiva, lo que generó obras especiales que permitan la protección mecánica y aseguren las condiciones de estabilidad del ducto.

- Falta de inclusión de sistemas digitales probados de integridad de ductos, lo que incumple la norma internacional de diseño y operación de estos sistemas.

- Los cabezales de bombeo de productos y cabezales de venteo se encontraban subdimensionados lo que obligó a revaluar los diámetros de dichos cabezales.

- Existe la necesidad de implementar sistemas de detección de fuego y gas con tecnología apropiada a plantas de hidrocarburos, enmarcado en los criterios de diseño y operación de las mismas.

- Cambio de válvulas motorizadas de rociadores, por válvulas de diluvio tipo presión con latch automático. Cambio de especificaciones para las bombas de proceso de GLP, porque presentaba cota por debajo del nivel del suelo de planta. En el tramo 1 se requirió instalar cabezales en los sistemas de drenaje, por problemas con los niveles freáticos del terreno y el tipo de suelo.

Santos revela cuánto pagó por lograr el contrato

En la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, el miércoles pasado durante la audiencia en la que se recibió, mediante videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Brasil, el testimonio anticipado de José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht, se reveló cuánto fluyó de coimas para obtener el contrato del poliducto Pascuales-Cuenca.

El brasileño dijo que en 2013 fue visitado por José T., ahora detenido por el delito de asociación ilícita, donde se implica al vicepresidente Jorge Glas.

Santos detalló que José T. le ofreció ayuda para la adjudicación del contrato del citado proyecto del poliducto a cambio de $ 5 millones. Precisó que desde la concesión, de ese monto se pagó más de $ 2 millones.

También se refirió a sobornos para lograr  contratos en los proyectos hidroeléctricos Manduriacu, Trasvase Daule-Vinces, remoción de tierras en la Refinería del Pacífico y el Acueducto La Esperanza. Además dijo que pagó al excontralor Carlos Pólit para que elimine glosas del proyecto hidroeléctrico San Francisco y para emitir informes favorables en otros proyectos. En total habló de unos $ 32 millones en sobornos.

Frente a ello, Glas indicó que el exdirectivo de Odebrecht no ha presentado una sola prueba en su contra, pero ahora resulta que “lo que dicen los delatores es la verdad.

“¿Y dónde están los giros, donde están los pagos? (...). Nadie ha dicho, ni siquiera Santos, que me ha dado un solo centavo partido por la mitad”, señaló.

Mediante un informe técnico se debería finiquitar contrato y ejecutar garantías

Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos.

Petroecuador contemplaría ejecutar las 3 clases de garantías con la empresa brasileña Odebrecht, por no corregir las observaciones efectuadas tras la entrega provisional del Poliducto Pascuales-Cuenca.

Las garantías son:  técnica, de fiel cumplimiento del anticipo y contra terceros.

Para el efecto, tras vencerse el viernes pasado el plazo de 30 días que le dio el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez (foto), la estatal petrolera debe dar por terminado el contrato que tiene con la constructora, mediante un informe técnico sustentado, fundamentado.

La causal para la terminación unilateral del contrato sería el incumplimiento de las observaciones realizadas durante la etapa de entrega provisional.

Esto, porque en la firma del acta de entrega provisional de la obra se realizaron objeciones técnicas de la infraestructura del poliducto, que transporta gasolina súper y extra, diésel y gas a 7 provincias (ver gráfico).

Según Petroecuador, se podría proceder a esto tomando en cuenta que Odebrecht tenía que mantener las garantías activas hasta que se haga la entrega-recepción definitiva del contrato y de la obra.

Para que Odebrecht justamente resuelva esas observaciones, el pasado 29 de agosto el ministro de Hidrocarburos le dio un mes de plazo.

A pesar del ultimátum, Petroecuador informó el 4 de septiembre pasado que la empresa brasileña no venía realizando más trabajos en el poliducto. “Prácticamente ha abandonado la obra”, confirmó entonces la estatal petrolera.

Pérez advirtió entonces que mientras Odebrecht no resuelva las objeciones, no le harán pagos extras. “Los saldos se pagarán cuando se entregue la obra a conformidad del Estado”.

Petroecuador mantiene con Odebrecht un saldo por $ 30 millones. Esa cifra, según Pérez, representa menos del 10% del costo total de la construcción del poliducto, que asciende a $ 623 millones.

Sin embargo, para determinar el saldo real, en septiembre inició el cruce de cuentas entre la deuda que mantiene el Estado con Odebrecht y el monto que la firma deberá pagar por concepto de indemnización o reparación económica. En esto intervienen la Procuraduría General, instituciones públicas y la constructora brasileña.

Según la compañía brasileña, la deuda por sus contratos en el país, con corte al 1 de septiembre pasado, llegaba a $ 103 millones, monto que está retenido para garantizar una posible indemnización a favor del Estado.

Esto además después de que, según el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. emitido el 21 de diciembre de  2016, los ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado sobornos por $ 33,5 millones en Ecuador.

Por ese motivo las autoridades del país ordenaron retener los pagos, con el fin de  garantizar la reparación económica al Estado.

Los detalles de la deuda están bajo reserva, debido al Acuerdo de Cooperación Eficaz que la Fiscalía anunció en junio pasado. Sin embargo, una parte de esos $ 103 millones corresponde a los saldos pendientes de los contratos del acueducto La Esperanza ($ 13,9 millones) y del Poliducto Pascuales-Cuenca ($ 40 millones). Este último rubro fue cuestionado a fines de agosto por el ministro de Hidrocarburos a causa de las fallas en la construcción.

El único monto real conocido es el calculado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que sugirió a la Procuraduría General que para una indemnización al menos se considere $ 99,4 millones en beneficio de la empresa no reportados, $ 45,4 millones por juicios perdidos por el SRI ante Odebrecht y $ 33,5 millones de los supuestos sobornos. En total: $ 178,3 millones.

En este punto, sin embargo, el subdirector de Cumplimiento Tributario del SRI, Guillermo Belmonte, dijo a la prensa que esa suma es referencial, ya que las auditorías continúan.

La Procuraduría solicitó a las instituciones públicas información sobre montos pendientes de pago a Odebrecht y sobre los “contratos, acuerdos, convenios y/o compromisos” existentes, con el objetivo  de cruzar los datos y fundamentar la indemnización.

Pese a todo, arrastrando un retraso de 2 años, para este 30 de septiembre estaba planificada la firma del acta de entrega recepción definitiva del poliducto, pero la fecha llegó y no se pudo concretar.

La Unidad de Investigación de los Medios Públicos buscó actualizar la versión de las tres empresas involucradas en este tema de incumplimientos y problemas con la obra, pero Odebrecht y Caminosca no contestaron hasta el cierre de esta edición. En cambio, Egis International, a través de sus apoderados en Ecuador, respondió que está a la espera de una reunión con la gerencia general de Petroecuador para tratar sobre la situación contractual de la empresa y tener más detalles. (I)

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