Los diputados franceses aprobaron este martes con 483 votos a favor y 86 en contra un controvertido proyecto de ley sobre los servicios de información, defendidos por el gobierno en nombre de la lucha contra el terrorismo pero muy criticada por el riesgo de una "vigilancia masiva".

"Nuestro país será más fuerte con la adopción de este texto", afirmó el impulsor de la normativa, el primer ministro socialista, Manuel Valls, poco antes de la votación.

El polémico texto contó con el respaldo de la mayor parte del gubernamental Partido Socialista (PS) y de la conservadora UMP, las dos principales formaciones del arco parlamentario.

Tras la votación en la Cámara baja, el Senado deberá pronunciarse sobre el texto a finales de mes.

El proyecto de ley estaba en preparación antes de los atentados yihadistas de enero en París, pero los ataques reforzaron su fundamento, a ojos del gobierno.

Aunque el presidente François Hollande anunció que recurriría al Consejo Constitucional al término del trámite parlamentario para "garantizar" un texto "totalmente conforme" a la ley fundamental, esa promesa no ha calmado a sus numerosos detractores.

Entre los opositores a la iniciativa se encuentran la extrema izquierda, la extrema derecha, los ecologistas, sindicatos de magistrados y periodistas, y varias asociaciones, como Amnistía Internacional. También la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo alertó contra los límites de esta ley y pidió "guardafuegos legislativos" para "garantizar el respeto de los derechos fundamentales".

El proyecto de ley define al mismo tiempo las misiones de los servicios de información y el régimen de autorización y control en el uso de técnicas de espionaje (de escuchas telefónicas a acceso a datos, cámaras de vigilancia, etc.).

Por su parte, los servicios de inteligencia franceses en principio ven con buenos ojos la iniciativa del gobierno socialista, preocupados por actuar en un vacío jurídico, si bien opinan que, paradójicamente, podría convertirse en un freno a sus actividades, al reforzar los controles administrativos. (I)