Especial coronavirus

UTE adeuda más de $ 7 millones al IESS

- 05 de junio de 2020 - 00:00
En 2016 la institución despidió a más de 400 profesores.
Foto: Archivo / El Telégrafo

El director provincial del IESS en Pichincha presentó en la Fiscalía una denuncia penal por la falta de pago. Exdocentes piden una investigación.

Desde mayo de 2019 la Universidad UTE mantiene retenido el pago de las aportaciones de sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS). De acuerdo con Andrés Campaña, director del IESS en Pichincha, a nivel nacional la deuda asciende a $ 7’238.907.14.

Solo en Pichincha ese centro de altos estudios adeuda $ 6’662.644.93; esto lo hace el mayor deudor del IESS en esta provincia. Mientras que en Santo Domingo tiene pendiente el pago $576.263.

Campaña aseguró que después de que la institución superior incumpliera dos convenios de pago suscritos, el miércoles 3 de junio fue presentada a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal, apegada al artículo 242 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Después publicó en Twitter que son dos las denuncias presentadas. “Hemos venido conversando con las autoridades de la UTE; sin embargo, pese a que llegamos a un acuerdo, hubo un incumplimiento. Es por eso que se agotó esa vía”, dijo.

Explicó que la retención ilegal de aportaciones genera dos tipos de afectaciones: La primera es para los 949 trabajadores que laboran en la actualidad en el centro de estudios, pero también a quienes trabajaron el último año. La falta de pago limita los servicios y prestaciones del IESS como atenciones médicas, jubilaciones y otras que se ofrece a sus asegurados.

La segunda afectación -añadió- es a la sostenibilidad de la institución “que es aún más grave. Al no recibir los aportes ponemos en riesgo todo el sistema de la seguridad social”.

Este jueves 4 de junio de 2020, a través de un manifiesto, exdocentes de la Universidad UTE pidieron al centro de estudios responder a la retención de los aportes y el pago del Fondo Social (caja de ahorro individual) de $ 9’200.000.

Lida Moreno Badillo, presidenta de la Asamblea UTE Dignidad, creada en 2016 tras los despidos intempestivos del personal, incluida ella, exige la intervención de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado para transparentar la gestión de la universidad y el manejo de los recursos del Estado para las becas estudiantiles. “Existe un informe para intervenir la universidad desde 2014, pero no se ha hecho nada”, cuestiona.

Moreno solicita que se investigue cómo el director de la UTE compró la Clínica Pichincha, así como la eliminación de varias carreras y el cobro de matrículas diferenciadas a los estudiantes.

Este Diario solicitó un pronunciamiento al rector de la Universidad UTE, Ricardo Hidalgo, quien respondió mediante WhatsApp que preparaban una respuesta a las denuncias. Sin embargo, hasta el cierre de la edición no se recibió información (I)

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