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Universidades de categoría E, listas para enfrentarse a nueva evaluación

Universidades de categoría E, listas para enfrentarse a nueva evaluación
22 de enero de 2012 - 00:00

Estefanía, de 24 años, hace ya varios meses  egresó de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) como ingeniera Portuaria y Aduanera, y actualmente trabaja en la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), donde, asegura, goza de estabilidad y tranquilidad. Recuerda, sin embargo, haber sentido, en un momento puntual de su vida estudiantil, una intensa incertidumbre.

La causa fue que en noviembre de 2009 un informe del entonces Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) determinó que la institución en la que estudiaba no tenía una “comunidad académica estable”. Dicho estudio, “para colmo de males”,  fue presentado en el pleno de la Asamblea Nacional. La cosa iba en serio.

“El primer chisme que se escuchó fue que se cerraría la universidad”, comenta Estefanía, para quien aquel informe del ex Conea “no estaba del todo correcto”.

El documento detalló el nivel de desempeño de 71 universidades, 145 extensiones y 285 institutos que fueron evaluados basándose en cuatro ejes: desempeño académico, entorno del estudiante y su aprendizaje, procesos y prácticas de investigación, y políticas en manejo de presupuestos, transparencia e infraestructura.

Como resultado, se determinó que 26 universidades trabajaban “con procesos netamente empresariales y abiertos, sin un plan mínimo de nivelación para los estudiantes”, tratando de captar clientes y orientadas, de manera muy obvia, al mercado.

Desde entonces, los rectores de estas entidades han venido cuestionando la manera en que se arrojó el resultado, afirmando recurrentemente que el proceso tuvo imprecisiones. Sin embargo, no se han descuidado y varias de las universidades incluidas en la categoría E -la más baja, cabe decirlo- han realizado importantes cambios tanto en sus instalaciones como en los aspectos académicos y administrativos.

Es por eso que frente a la nueva examinación iniciada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), que tendrá lugar a partir de este mes, las autoridades universitarias se muestran optimistas.

Reconociendo los errores

El informe del Conea, como se ha dicho, tomó por sorpresa a la mayoría de entidades que terminaron en la categoría E. La Universidad del Pacífico, por ejemplo, según afirma Martha Vallejo, decana de Derecho de la institución, era conocida por “los altos estándares académicos”, que se apoyaban, entre otras cosas, en los congresos de carácter internacional que se realizaban de forma periódica dentro de la unidad.

Un poco buscando acatar lo señalado por el informe -a pesar de no estar de acuerdo del todo -, esa fue la “línea” que decidieron fortalecer. Hace un par de meses, la casa de estudios firmó un convenio con la Universidad ESAN, de Perú, mediante el cual ambas realizarán intercambios de profesores para el dictado de cursos afines, así como intercambios de estudiantes para la ejecución de proyectos. “Honestamente, en un principio, no tomamos de buena manera ese informe, pero antes que entablar polémica procuramos hacer un mea culpa”, comenta Vallejo.

La primera falla detectada en este caso fue que el número de investigaciones emprendidas era muy bajo, según los indicadores del Conea. La situación fue corregida en forma inmediata y actualmente se realizan más de 120 iniciativas, entre investigaciones y proyectos de vinculación con la comunidad.

Otra entidad que decidió aceptar las observaciones fue la Universidad de Otavalo. Según Diego Valdospinos, presidente de la comisión de Evaluación Interna, fue tanto la política laboral con los docentes como los derechos estudiantiles lo que sentenció la categoría.

“Las críticas a la política laboral y a algunas normativas que debían estar alineadas con la ley, como puede ser la del cogobierno estudiantil, eran pertinentes”, asegura Valdospinos.

El docente agrega que, en la actualidad, estas normativas vienen funcionando con toda normalidad. “La universidad reconoció sus debilidades y las convirtió en fortalezas”.

Se estableció, en definitiva, un plan de contingencia para las cuatro funciones evaluadas: Académica, Estudiantes, Gestión e Investigación.

En los cuatro criterios que se evalúan desde este mes, la institución ha registrado el 80% de cumplimiento en lo relativo a 2011, de acuerdo con la misma metodología que en el 2008 les otorgó un 30%, según cifras de la misma entidad otavaleña.

22-01-12-sociedad-universidad1Persisten cuestionamientos

Las autoridades de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) y la Escuela Superior Politécnica Ecológica de Cariamanga (Espec), aunque implementaron notables cambios, no dejan de cuestionar el informe presentado en 2009.

Para Jimmy Candell, rector de la UPSE, el modelo aplicado por el ex Conea es fundamentalmente “cuantitativo”, es decir, prioriza la cantidad por sobre la calidad.

“Deja de lado aspectos cualitativos, ignora indicadores  importantes que sí consideran muchos  otros modelos, como que se tenga reconocimiento de universidades internacionales. Las cosas están, en fin, sacadas de contexto”.

Para el titular de la primera universidad de la provincia de Santa Elena, no hay modelo perfecto; “sin embargo, es indispensable que el  que se aplique en el Ecuador tome en consideración la evolución histórica de las instituciones de enseñanza superior”.

Entre los correctivos realizados, se diseñó e implementó un plan de mejoras con los 53 indicadores del modelo establecido por el Mandato Constituyente 14. Dicho plan ha sido ejecutado satisfactoriamente en un 70%, tanto en lo académico como en el resto de las funciones que serán, pronto, nuevamente  examinadas.

Los indicadores que no se han alcanzado están relacionados con el presupuesto. “Hemos mantenido comunicación constante con funcionarios y directivos del ex Conea y actual Ceaaces. Se firmó un convenio de acompañamiento, en julio del 2010, que se ejecutó en los años 2010 y 2011”, informa Candell.

Por su parte, Fabricio Pinzón, secretario general procurador de la Espec, cree que el modelo de evaluación fue aplicado a todas las universidades y escuelas politécnicas del país por igual, “sin importar los años de vida y la ubicación de cada una de ellas”.

La Espec, una entidad particular autofinanciada, “llena el vacío de la educación superior en la región suroriental de la provincia de Loja,  donde no ha llegado substancialmente ese nivel de instrucción”, recalca Pinzón.

En la actualidad, la unidad académica, con más de 11 mil metros cuadrados de extensión y 6.400 metros cuadrados de construcción, cuenta en su planta docente con 54 personas, de las cuales el 56% tiene título de cuarto nivel, y el 4% posee doctorado.

Dificultades para cambiar

La UTEG, durante los dos últimos años, ha tenido que implementar los requerimientos exigidos por la Ceaaces al mismo tiempo que se resolvía una pugna por el rectorado de la institución.

La universidad se cerró por casi quince días en enero de 2009, luego de una denuncia de Marcelo Santos (+), ex ministro de Economía, en contra de Galo Cabanilla, ex presidente del Colegio de Economistas, por una supuesta sustracción de bienes de la entidad académica.

Desde 2008, Santos y Cabanilla entablaron una pugna por el puesto de rector, situación que concluyó en 2009, cuando el ex Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) falló en favor de Cabanilla, quien asumió la titularidad de la UTEG. “Tras la presentación del informe del Conea nos pusimos a trabajar y tanto ha sido el esfuerzo que en más de dos años hemos invertido casi un millón de dólares en mejoras”, afirma Cabanilla.

Sin embargo, financiar los cambios fue una situación que tuvo, desde luego, sus dificultades. El rector de la UTEG explica  que ninguna entidad bancaria, estatal o privada, aprobó préstamos para apoyar los cambios. “Se entiende hasta cierto punto porque  no tenían garantizada la estabilidad de la universidad, al estar dentro de la categoría E”.

Los valores  por obras para una nueva sede en el km 8,5 de la vía a la Costa (en un terreno de 4 hectáreas), computadoras, entre otros implementos, fueron asumidos por la misma institución.

Por su parte, Enrique Cabanilla, rector de la Universidad de Especialidades Turísticas (UCT), comenta que se hicieron grandes esfuerzos para la contratación de docentes a tiempo completo.

Los profesores, además, actualmente tienen funciones en investigación, vinculación con la comunidad y, en algunos casos, en el ámbito administrativo.

Un error muy puntual de la UCT, a decir de Cabanilla, fue lo que le costó créditos en el momento que se realizó la evaluación entre 2008 y 2009. “Las supuestas deficiencias que se mostraron en la primera evaluación correspondieron, en mayor medida, a la falta de documentos de verificación de las acciones que ya venía desarrollando la UCT”.

Frente al llamado de atención del  Conea, la UCT corrigió el acopio de información relativa a los ámbitos evaluados desde 2010.

En cuanto a la infraestructura, el académico explica: “actualmente tenemos grandes espacios y estamos en un proceso de mejoramiento continuo”. A la fecha se ha cumplido la primera fase de implementación y se espera hasta el 2012 haber concluido la construcción de nuevas estructuras para actividades académicas.

El Ceaaces, entre tanto, ya inició la visita de más de 70 evaluadores a las 26 universidades de categoría E y sus extensiones a escala nacional. En total son 118 lugares físicos que entrarán al proceso.

Las autoridades de estas unidades académicas coinciden en que es un proceso necesario y que aquellas que no completen los estándares mínimos de calidad deben cerrarse.

Varios de los rectores afirmaron, convencidos y como sincerándose, que permitir que la educación superior fuera  considerada como mercancía condujo al sistema ecuatoriano a graves distorsiones.

Para la restauración, entonces, del “espíritu académico perdido”, los titulares de estas entidades esperan, de igual manera, recibir todo el apoyo estatal. Cada cual, concluyen, debe hacer su parte a conciencia.

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