La minería es la principal actividad económica en Zaruma. Sin embargo, el 11,2% de la población de esta ciudad, ubicada en El Oro, está en riesgo porque se la realiza de forma ilegal.

Así lo aseguró la asambleísta Patricia Henríquez Jaime, en el Foro de Transparencia por Zaruma y Portovelo, realizado este miércoles 8 de agosto en el salón de los Ex Presidentes de la Asamblea Nacional.

Los expositores recordaron el hundimiento de la escuela La Inmaculada Fe y Alegría, en 2017, a causa de la minería clandestina.

Jhansy López, alcalde de Zaruma, en su exposición mostró imágenes del socavón que se formó en ese sitio en 2016, previo al colapso de la infraestructura.

López aseguró que la minería ilegal es una realidad que lleva más de 30 años en el sitio y que debe ser paralizada en su totalidad.

Mencionó algunas de las necesidades de su ciudad: requieren seguridad y protección, así como remediación de las zonas afectadas y prevención de riesgos a futuro. Además, mencionó que se deberían iniciar procesos legales a los responsables de realizar la actividad minera en zonas prohibidas.

Al criterio del burgomaestre, se necesita una Ley de Minería que proteja a Zaruma y a sus fuentes de agua cercanas. Así como se debe realizar una revisión de concesiones mineras mal usadas para que sean entregadas a mineros artesanales asociados.

Andrés de la Vega, viceministro del Interior, comentó que la minería ilegal se ha convertido en un sistema de amenaza permanente para las personas que trabajan bajo riesgo, así como al ecosistema y al Estado, pues este tipo de economía ilegales corrompen.

Manifestó que es importante tener un marco normativo claro y una administración que controle que esta actividad se haga dentro de la regularidad. Es así que recomendó que el Estado dé las facilidades para que toda actividad se realice dentro de la legalidad.

Zaruma y Portovelo son una prioridad para el Estado -dijo De la Vega-, pero necesitan respuestas estructurales que perduren en el tiempo.

“Mientras no tengamos unas reglas del juego claras, una política minera clara y una gestión burocrática consistente para controlar esta  actividad, este tema (minería ilegal) va a ser recurrente”, mención De la Vega.

A criterio de Jorge Oviedo, representante del Ministerio del Ambiente, no solo la minería ilegal causa daños a Zaruma sino que también la actividad minera que tiene permisos, pues ninguna de las dos cuenta con todos los papeles requeridos, como las licencias ambientales.

Según una investigación que hizo este Ministerio, se detectaron algunos incumplimientos ambientales como la descarga directa de agua del interior de la mina a cauces hídricos, así como que el combustible es dispuesto directo al suelo.

Oviedo aseguró que el Ministerio del Ambiente visitó 44 concesiones mineras, de las cuales 32 debían presentar los papeles para su regularización. De estas últimas, dos ya tenían licencia ambiental. Además, 13 concesiones iniciaron el proceso de regularización y 17 aún no presentan sus papeles para regularizarse.

Andrea Hermenejildo, representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos, aseguró que se han hecho varias investigaciones del subsuelo del Zaruma para identificar las zonas vulnerables a hundimiento. Cuentan con modelos geofísicos 3D preliminares en las que se ubica las áreas más sensibles. Al momento se encuentran trabajando en un mapa de riesgos completo de la zona.

“En términos mineros existe un caos en Zaruma (…). Hay intereses de todo tipo para aprovechar esta riqueza”, dijo Daniel Pilco, representante del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas y Petróleos.

Pilco considera que mientras se quiere conservar el mineral que está bajo Zaruma, siempre habrá quienes quieran explotarlo. Es así que cree que lo mejor es acabar con esta riqueza, así se solucionará la minería ilegal.

Henríquez lamentó la ausencia de algún representante del Ministerio de Minas y de la Agencia de Regulación y Control Minero, quienes fueron invitados al foro pero no asistieron. (I)