En la provincia de Tungurahua funcionan 237 instituciones de ahorro y crédito, pero 20 de ellas  no están aún bajo el control de la Superintendencia de Economía Social y Solidaria ni cuentan con los permisos respectivos. No obstante, algunas de ellas tienen agencias y sucursales en funcionamiento dentro y fuera de la provincia, las que cuentan con personal  y socios.

El 100% de las entidades que no cuentan con el control de la Superintendencia está compuesto por capitales de población indígena. Y los   directivos y socios de dichas entidades justifican su funcionamiento  bajo el   derecho al trabajo y a ejercer sus principios, entre ellos el Sumak Kawsay (Buen Vivir).

La forma  como se dan los  créditos y el cobro de intereses están también en entredicho porque quien accede a   un microcrédito terminaría  pagando hasta el 100% del valor real, según denuncias de socios inconformes.

“Muchas personas ya no confiamos en las cooperativas indígenas porque cobran mucho interés y cuando ven que uno se atrasa, le llegan muchas citaciones, y luego le cobran diez dólares por ese chiste”, relató  Gladys Oña, empleada privada de 36 años.

Héctor Punina, gerente de la Corporación Ayni Suisa y Socio de la Red de Corporaciones de Finanzas Populares, admitió  que se cobran diez dólares cuando se emite una citación y, a veces, doce de acuerdo con políticas internas; pero  que esto se debería a la falta de seriedad por parte de los socios, quienes se atrasan en los pagos. “Muchas entidades financieras sobreviven gracias a ello”, señaló.

De acuerdo con la  Ley de Economía Solidaria,  todas las entidades deberían cumplir con el mismo reglamento en lo que concierne a tasas de cobro e intereses, pero esto no se cumpliría en estas  cooperativas. 

Luis Mejía, mecánico automotriz,  debía pagar 300 dólares por tres cuotas, pero  la institución donde efectuó el crédito quiso cobrarle $ 100 más y el pago de las citaciones.

El auge de creación de cooperativas de ahorro y crédito indígenas está motivado por ejemplos  que han dado buenos resultados en el sector.

Pedro Til, presidente de la Corporación San Pedro, dijo que gracias al emprendimiento de algunos líderes indígenas, la economía popular se ha inclinado hacia  ese tipo de proyectos.

Estos generan empleo en las propias instituciones y se logra mejorar los ingresos de los trabajadores que, con ello,  mantienen a sus familias y brindan  educación de calidad a sus hijos en la zona urbana donde, consideran, se vive mejor. “De cada diez indígenas que laboran en entidades financieras, tres o cuatro migran a la zona urbana por la cercanía a sus lugares de trabajo y la posibilidad de trasladar a sus hijos a establecimientos educativos”, dijo Til

La Superintendencia de Economía Social y Solidaria estableció como plazo de regularización de todas las cooperativas hasta mayo del 2013. Esto contempla que deberán revisarse las oficinas principales, agencias y sucursales de cada entidad financiera.