La Planta de Separación de Residuos Sólidos que opera en la estación El Troje, sur de Quito, aún no trabaja al 100% de su capacidad.

La inauguración de la infraestructura, cuyo contrato principal tuvo un valor de $ 3’477.913, estaba planificada para enero pasado; sin embargo, recién el 13 de mayo se inició la fase de pruebas.

En un comunicado reciente, la Empresa Municipal de Gestión de Residuos confirmó que “la planta se encuentra todavía en pruebas operativas”.

A la demora, se suma que un informe legal de la empresa de residuos notificó, el 18 de octubre anterior, al concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Ambiente del legislativo local, que la planta tenía dificultades “debido a las inconsistencias presentadas en las especificaciones técnicas, falta de energía y fallas de operatividad”.

En otro informe, la empresa municipal detalló a la Comisión de Ambiente que se encontraron siete problemas en la fase pre-operativa de la planta. Entre ellos, que el material (basura) de la ciudad tiene una densidad de hasta 570 kilogramos por metro cúbico (kg/m³), por arriba de lo que determinó el estudio previo: 336,9 kg/m³.

El patio de maniobras y recepción también registra problemas. El informe lo califica como “muy reducido”, sin capacidad de almacenar, de acuerdo a la entrada de recolectores de basura.

Asimismo, el área de clasificación de material es reducido para la cantidad de residuos que se procesa, lo que provoca que no se cumplan los rendimientos esperados en el contrato.  

Carlos Páez, concejal de Alianza PAIS (AP), señaló que esos problemas se generan debido a que la empresa de gestión contrató la instalación de la planta de residuos sin contar con los estudios y diseños definitivos.

A lo anterior se añade un problema de índole jurídico. Esto porque el 20 de octubre de 2015 se suscribió un contrato complementario entre el Municipio y ETSUR, por un valor de $ 884.659.

Estos recursos se destinaron para la adquisición de equipos. Sin embargo, en el informe legal mencionado anteriormente, se observa este procedimiento.

Juan Francisco Díaz, coordinador jurídico de la Empresa Municipal de Residuos Sólidos, señaló en el documento que el contrato complementario, cuyo objeto fue la compra de bienes, está prohibido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El concejal Páez solicitó a Fernando Riera, gerente general de la empresa metropolitana, que se realice un examen especial de la Contraloría General del Estado para encontrar a los responsables.

El edil de AP añadió que solicitó que también “se haga un informe técnico para corregir los errores que existen”.

La infraestructura, construida con el Consorcio ETSUR a partir del 12 de mayo de 2015, tiene previsto recibir 22.400 toneladas de basura cada mes.

La idea era separar los residuos aprovechables para comercializarlos, entre ellos materia prima de vidrio, papel y cartón. (I)