Alrededor de medio año le tomó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Policía Nacional descubrir el funcionamiento de la presunta red de corrupción que venía operando en el sistema de revisión técnica vehicular de Quito.

Las investigaciones se iniciaron luego de que la Fiscalía recibiera denuncias sobre la adulteración de datos sobre la condición mecánica de automotores.

De acuerdo con el ministerio público, el estado de los vehículos que eran reportados con fallas por los técnicos encargados de la revisión era cambiado a ‘sin problemas’ en el sistema informático por los integrantes de la red.

Con ello, los propietarios de los automotores evadían el condicionamiento de la matriculación a un nuevo chequeo, como sucede cuando se detectan problemas, y procedían a obtener el permiso de circulación para el siguiente año sin ningún inconveniente.

La red operaba básicamente en los lugares de revisión vehicular ubicados en los sectores Carapungo (norte), Guamaní (sur) y Guangopolo (suroriente, en el valle de Los Chillos).

La Fiscalía realizó un operativo simultáneo en dichos sitios junto con la Policía Nacional la tarde del miércoles. Durante la acción, se detuvo a 23 personas, acusadas de participar en los ilícitos.

El proceso de revisión técnica vehicular se ejecuta en la capital desde 2003. En ese entonces, las empresas Danton S. A. y Consorcio ITLS ganaron la concesión para encargarse del procedimiento.

El coronel Silvio Dávila, director de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, mencionó ayer que directivos de las empresas concesionarias fueron quienes presentaron la denuncia sobre irregularidades en el otorgamiento de los certificados de revisión por parte de empleados.

“Una vez que recibimos la queja montamos el operativo ‘Danton’, que se extendió por más de 5 meses luego de lo cual determinamos la supuesta participación en las irregularidades de 23 empleados de los consorcios”, afirmó el oficial.

El uniformado señaló que esas personas estarían involucradas en el delito tipificado como violación de sistemas informáticos, ya que actuaban mediante la manipulación de los resultados técnicos que obtenían algunos vehículos que no se encontraban en óptimas condiciones mecánicas. En varias ocasiones incluso se realizaba la supuesta revisión sin la presencia física del automotor.

Dávila indicó que las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entidad municipal que se ocupa del tema, deberán decidir si efectúan una auditoría para determinar los vehículos que obtuvieron el documento de manera irregular y que estarían circulando sin cumplir con los estándares de seguridad necesarios.

Agentes encargados de la investigación señalaron que en este caso estarían involucrados tanto vehículos particulares como unidades de transporte urbano, cuyos dueños habrían tramitado los permisos con los detenidos.

Los agentes de la brigada de automotores de la Policía Judicial recopilaron información de más de 40 vehículos entre buses, taxis y carros particulares que habrían pagado a los involucrados en el ilícito diferentes cantidades de dinero.

Trece de los detenidos laboraban en el centro de revisión técnica vehicular de Carapungo, 5 en la sucursal de Los Chillos y 5 en el de Guamaní.

Todos los detenidos así como las evidencias recolectadas por los investigadores fueron conducidos a la Unidad de Flagrancia, donde la Fiscalía motivará las razones de las detenciones ante un juez, quien determinará si acepta el inicio de la etapa de instrucción fiscal así como las medidas cautelares en contra de los sindicados.

La audiencia de sustentación en contra de los acusados se realizaba desde la mañana de ayer, pero dada la cantidad de imputados, hasta las 14:30 no había concluido.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica en su artículo 232 que el ataque a la integridad de los sistemas informáticos implica una pena de 3 a 5 años de prisión.

La norma estipula, sin embargo, que si la infracción es sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 5 a 7 años de privación de la libertad. (I)

Datos

En el Distrito Metropolitano de Quito existen 8 centros de revisión técnica vehicular, distribuidos entre la parte urbana y el valle de Los Chillos.

Cuatro de esos lugares permiten que, además del chequeo mecánico obligatorio, el propietario también pueda matricular el vehículo. Estos son Carapungo, Bicentenario, Los Chillos y Quitumbe.

En los otros sitios de atención, los dueños de los automotores solo pueden someter a los carros a la revisión técnica, con miras a obtener el certificado de aprobación: La Florida, El Inca, Guajaló y exaeropuerto.

El servicio de revisión técnica vehicular tiene los siguientes precios durante el año 2015: buses, $ 36,74; busetas, $ 18,71; livianos, $ 27,62; motos, $ 16,74; pesados, $ 43,77; plataformas, $ 16,24 y taxis, $ 18,71.